El PP apuesta por “mejorar” el decreto de viviendas en vez de recurrirlo

El presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este viernes que su partido “intentará mejorar” el decreto ley de la Junta sobre función social de la vivienda a través de enmiendas. Esta norma permite expropiar temporalmente a bancos e inmobiliarias el uso de inmuebles en inminencia de desahucio con riesgo de exclusión social. Zoido ha afirmado que “no ha contemplado” ni “debatido” la posibilidad de un recurso a dicha norma por parte del Gobierno central.

Tras una reunión con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales andaluzas gobernadas por los populares (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga), Zoido, aunque no ha abandonado su actitud crítica ante la normativa andaluza, se ha desmarcado de la posibilidad de bloquearla en el Constitucional y, por el contrario, se ha mostrado dispuesto a debatirla durante su tramitación legislativa en el Parlamento autonómico.

Zoido ha sido hasta ahora muy crítico con la medida del Ejecutivo andaluz, que ha calificado de “copia mala de las medidas del Gobierno de la Nación”.

El dirigente del PP defiende que ha sido su partido el que ha regulado la dación en pago con carácter retroactivo para familias en situación de vulnerabilidad, paralizado los desahucios y puesto en marcha un fondo social de viviendas.

Por el contrario, atribuyó al Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero y a Carmen Chacón como ministra de Vivienda la creación de juzgados para los desahucios exprés.

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, también ha considerado la norma andaluza “más efectista que efectiva”.

El portavoz popular se posicionó como su presidente al señalar que el PP analizará detenidamente el decreto cuando llegue al Parlamento y hará aportaciones en positivo. “Lo importante es que la norma sirva para el objetivo de ayudar a las personas que tienen este problema”.

Rojas indicó que el PP ya ha propuesto en la Cámara, con el rechazo de PSOE e IU, la creación de un fondo autonómico para viviendas sociales y la modificación de la legislación para facilitar el acceso a la vivienda a través de nuevas fórmulas como el alquiler compartido o las viviendas tuteladas.