El Parlament aprueba la creación de un nuevo código de ética para los Mossos

El Parlament ha aprobado hoy pedir al Gobierno la creación de un nuevo código de ética para los Mossos d'Esquadra. El anterior fue derogado por Felip Puig, antecesor de Ramon Espadaler en la cartera de Interior. Este jueves, la Comisión de Interior ha aprobado también el nombramiento de los miembros del comité de ética, que son los encargados de redactar la norma. Ambas propuestas han sido presentadas por el grupo parlamentario de ICV-EUiA, que ha aplaudido que todos los partidos votasen a favor.

Se trata del segundo paso significativo de Espadaler en contra del legado de Puig, que además de derogar el código diluyó considerablemente las atribuciones del comité, convirtiéndolo en un órgano meramente asesor. Espadaler también aprobó la semana pasada un código numérico para los antidisturbios, que lucirán en los chalecos de protección, en la espalda. Hasta ahora estas unidades de orden público no iban identificadas de forma visible, algo a lo que estaban obligados por ley. Puig no hizo nada durante su mandato para cambiarlo, aunque Espadaler negó que haya dado un giro al rumbo político de Interior.

"Redactar el código puede ser larga pero nombrar a las personas del comité es solo cuestión de elegirlas", ha recordado el diputado Jaume Bosch (ICV-EUiA), en referencia a la actitud de Puig, que se comprometió a redactar un nuevo código, pero no lo hizo en los dos años que estuvo frente a la cartera de Interior. 

El democristiano Espadaler ya anunció ante el Parlament el mes pasado su intención de redactar el nuevo código. Aunque fue crítico con el que aprobaron los ecosocialistas en la etapa de Joan Saura. "Se cree con la superioridad moral suficiente para imponer su ética al cuerpo de Mossos", escribió en su blog Espadaler en 2010.

La Comisión, sin embargo, no ha aprobado aplicar una moratoria al uso de la pelotas de goma de los antidisturbios. CiU, con el apoyo imprescindible del PP y Ciutadans, ha logrado tumbar la propuesta también de ICV-EUiA que pedía que se aplicase la recomendación del síndic de greuges, Rafael Ribó, en su informe de 2012: que los antidisturbios no las usasen a la espera de la resolución del Parlament.