Los rectores acusan al Consell de tener una “agenda oculta”

Los rectores de las universidades públicas consideran que el Consell tiene una “agenda oculta” y que la proliferación de campus privados responde a un “modelo ideológico claro” vinculado a la Iglesia Católica. El próximo curso, si se cumplen los plazos, en la Comunidad Valenciana habrá seis universidades privadas y cinco públicas. Las dos nuevas son la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Ucam) que tendrá un campus en Sant Joan de Alicante, con diez títulos de los que nueve ya se pueden estudiar en Alicante, y la Universidad del Mediterráneo en El Campello. Estos proyectos han abierto un nuevo frente entre los rectores, agobiados por los recortes, la falta de liquidez presupuestaria y las reformas, y la Generalitat.

Manuel Palomar, rector de Alicante y presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas (CRUV) exige al presidente Alberto Fabra que desvele “su agenda oculta” y sus planes futuros con las universidades privadas. “Debemos saber qué modelo pretenden implantar y si es laico o no”, afirma Palomar que demanda “transparencia” a la hora de tramitar estas propuestas. Jesús Tadeo Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, también muestra su “preocupación” por la falta de organización en la futura oferta de títulos universitarios. “Si no se organiza bien habrá un deterioro de la enseñanza práctica”, advierte el rector que pone como ejemplo el nuevo grado de Medicina en el que los alumnos de la Miguel Hernández hacen prácticas en cuatro hospitales públicos diferentes (Elda, Sant Joan, Alicante y Elche). “Las universidades se pueden duplicar, pero los hospitales no”, recuerda Pastor, que además incide en que de las diez titulaciones que ofertará la Ucam en Sant Juan solo una es nueva (Odontología), el resto se pueden estudiar ya en Alicante o en la Miguel Hernández.

Los rectores de las cinco universidades públicas consideran que ha llegado el momento de debatir y aprobar una Ley de Universidades Valencianas, como tienen en Cataluña o Andalucía, que regule el marco en el que se debe desarrollar la enseñanza superior (modelo, mapa de titulaciones, objetivos, financiación…). Palomar lamenta que detrás de estas dos nuevas iniciativas se esconda una “ideología política y un modelo” que apuesta por la enseñanza privada. El rector de Alicante pide a la Generalitat que la “incertidumbre no sobrevuele” sobre el sistema público universitario e insta al alcalde de Sant Joan, Manuel Aracil, del PP, a “no permitir injerencias y defender el sistema público”, y recuerda que no es obligación de una fundación privada rehabilitar colegios ni institutos públicos, ya que eso es tarea de la Generalitat.

La Ucam en realidad ya está impartiendo docencia en Alicante sin la preceptiva autorización de la Generalitat. Los viernes y sábado se atienden tutorías y se realizan exámenes en el Colegio de Médicos de Alicante. Según explican fuentes de la dirección del Colegio, la actividad es fruto de un convenio de colaboración entre el colegio de Economistas y la Ucam que permite impartir un grado de Derecho online. “Es una actividad docente clandestina que no se debería consentir”, denuncia el rector de Alicante, Manuel Palomar.

“Si no se organiza bien habrá un deterioro de la enseñanza práctica”

Por otro lado, el convenio entre la Ucam y el Ayuntamiento de Sant Joan que se aprobó en el pleno del jueves pasado no hay ni rastro del documento, ni a la oposición se le ha dado copia, ni a los medios de comunicación que lo han solicitado. En la alcaldía remiten al concejal de Urbanismo para cualquier aclaración. El acuerdo, según explicó el alcalde, consiste en que el Ayuntamiento adquiere por 4,5 millones de euros una antigua residencia de tiempo libre a la Consejería de Hacienda y la cede a la Ucam para que pueda impartir clases. A cambio la Universidad Católica se compromete a invertir 4 millones de euros en la rehabilitación de colegios, institutos e instalaciones deportivas.

Las negociaciones entre Ayuntamiento y Universidad Católica han ido cambiado durante los últimos meses. Primero se habló de que el Ayuntamiento cedía una parcela de 50.000 metros cuadrados a la Universidad, y ésta invertía 3 millones en infraestructuras deportivas y educativas. Después se planteó que fueran 4 millones a cambio de 26.000 metros y que la Universidad comprara a la consejería el inmueble para poder iniciar sus clases. Ahora la sorpresa es que el Ayuntamiento adquiere un inmueble para cederlo a la universidad privada a cambio de futuras compensaciones. El alcalde del PP se fía de la Universidad Católica, que generará riqueza y empleo.