La Generalitat autorizó la venta fraudulenta que llevó a la quiebra a IAT

Los hechos que desembocaron en la quiebra de la fundación Instituto de Alta Tecnología (IAT) —cuyo coste para las administraciones públicas ascenderá a hasta 4,6 millones de euros— se hubieran evitado con un mayor control de la entidad por parte del Protectorado de Fundaciones, el organismo de la Generalitat —depende del Departamento de Justicia— que debe velar por la viabilidad de las fundaciones. Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre IAT hecho por la Sindicatura de Cuentas, que confirma las graves irregularidades cometidas en la entidad.

IAT es una fundación, ahora en concurso de acreedores, formada en 2001 con el objetivo de instalar y gestionar un centro puntero en investigación y docencia en el diagnóstico por imagen. Pese a que estaba formada por tres hospitales públicos —Clínic, Vall d’Hebron y Mar— y una empresa privada —el grupo CRC—, la fundación siempre estuvo dirigida por la empresa, que tomó numerosas decisiones “perjudiciales para la [propia] fundación y siempre en beneficio, muy lucrativo para CRC”, según el informe del administrador concursal. La Sindicatura coincide con el administrador en considerar que la gestión de los máximos ejecutivos de CRC e IAT —Carlos Sanpons y Norberto Galido— estuvo plagada de “irregularidades, algunas de las cuales pueden dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente”.

Entre otras irregularidades, la decisión clave que lastró el futuro de IAT fue la venta en 2008 de su principal activo —un ciclotrón, varios tomógrafos...— a una empresa del grupo CRC, grupo empresarial cuyos máximos ejecutivos eran a su vez los máximos directivos de la fundación IAT.

Según la Sindicatura, esta decisión “vació de contenido el objeto fundacional de IAT y puso en peligro su misma continuidad ya que la incapacitó para cumplir sus fines fundacionales”. Según la legalidad vigente, una fundación jamás debería adoptar una decisión que ponga en peligro su propio futuro. Para evitarlo están en primer lugar los patronos —que representaban a los hospitales públicos— y en último término el Protectorado de Fundaciones, que deben velar por su viabilidad. Ninguno de los dos niveles de control funcionó en este caso.

Según la Sindicatura, “IAT comunicó al Protectorado antes de su formalización” la intención de venta de los equipos médicos. El Protectorado, tras “solicitar nueva documentación y aclaraciones”, acabó por “el 24 de febrero de 2009, en una carta con asunto ‘autorización de venta” avalando la operación y dándose por enterada de la misma.

La Sindicatura admite, sin embargo, que la negligente gestión de IAT hizo que el acuerdo de venta adoptado en una sesión del patronato de IAT de diciembre de 2007 no fuera “protocolizado en escritura pública ni inscrito en el Registro de Fundaciones”.

La Sindicatura —que critica la opacidad de CRC y el hecho de que la empresa le haya impedido el acceso a documentación relñevante— también cuestiona que en la venta que acabó arruinando a IAT estuvieran en ambos lados de la mesa los máximos directivos de CRC, uno en representación de la empresa y y otro en representación de la fundación. Este hecho, permitido por los hospital públicos, supone “un posible conflicto de intereses”.

Los laxos controles sobre IAT permitieron que el grupo CRC —ahora también está en concurso de acreedores— cargara sobre la fundación más de tres millones de gastos propios. Todo ello ha producido un agujero de 5,75 millones de euros, de los cuales 4,64 corresponden a administraciones públicas.