La Generalitat se recurre ante el TSJC para que no se anule el concurso de ATLL

Nueve días después de que el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) pusiera en un brete al Gobierno catalán con la mayor de sus privatizaciones, la de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la Generalitat ha cumplido hoy su promesa y ha recurrido la decisión del organismo que depende también de la Administración autónomica. Ha presentado un recurso contencioso administrativo para evitar la ejecución de la resolución, “directamente ejecutiva”, lo que habría conllevado que Acciona perdiera el contrato por un importe de 1.000 millones de euros que firmó el pasado 27 de diciembre.

La OARCC considera que la vencedora no cumplía la inversión prevista en el pliego de condiciones, por lo que anulaba la adjudicación aprobada y abría las puertas a que la segunda oferta, liderada por Agbar, ganara el concurso. Ese extremo es el que intenta evitar el Gobierno catalán, que no solo se juega la imagen, ya tocada, sino una indemnización millonaria y perder los 300 millones de euros que Acciona pagó el día de la firma del contrato.

El Departamento de Territorio y Acciona firmaron la concesión de ATLL por los próximos 50 años el pasado 27 de diciembre. Cinco después la OARCC dictaminó una resolución que invalidaba el contrato. Argumentaba el organismo que Acciona no cumplía con su oferta el requisito de realizar en diez años las obras de mejora requeridas, cuantificadas en 139 millones, calendario que sí respetaba la oferta de Agbar, que se comprometía a realizarlas en siete años. Es por ello, según la OARCC, que la Mesa de Contratación dio tres puntos por ese objetivo a Agbar y ninguno a Acciona.

El ejecutivo asegura en su recurso contencioso administrativo que la adjudicación cumple “escrupulosamente” el pliego, como han defendido en la última semana los diferentes consejeros que se han referido al litigio. El documento defiende la actuación de la Mesa de Contratación que decidió el concurso y aporta “una base jurídica fuertísima” para asegurarse su defensa, según explicaron fuentes cercanas al proceso.

Con la presentación del recurso, el gobierno catalán resuelve el primero de los problemas que tiene encima de la mesa por ATLL. El segundo lo tendrá que resolver en los próximos días también ante el TSJC. Agbar presentó un recurso para exigir la ejecución de la resolución y como medidas cautelares reclamó la suspensión del concurso. El alto tribunal considera que antes de tomar una decisión de ese calado debe escuchar los argumentos de la Administración autonómica. Para ello le ha dado un plazo de cinco días que empezaron a contar el jueves, así que el gabinete jurídico tendrá que volver a acudir la próxima semana ante el alto tribunal catalana para dar respuesta a esos requerimientos.