El fiscal critica que los sindicatos no vigilasen los enchufes

Los sindicatos no salen bien parados en la historia del supuesto nepotismo masivo en la Diputación Provincial de Ourense. El fiscal sostiene en su querella que junto al “dejar hacer” de los funcionarios que ni emitieron ni reclamaron informes sobre las decenas de colocaciones a dedo, el papel de Comisiones Obreras, UGT y la nacionalista CIG —por omisión en el caso de los dos últimos— fue también clave para que el todopoderoso presidente de la institución provincial y del PP de Ourense, ahora jubilado, ejerciera el enchufismo sin ataduras. El juez tiene previsto citar a declarar —junto a los jefes de servicio y a cuatro contratados “elegidos aleatoriamente, pero con un criterio”— a los representantes de estas organizaciones sindicales en la comisión de control de la Diputación.

El exbarón dominaba todos los frentes. Se apuntó el primer tanto con los sindicatos cuando, en 2007, consiguió que alcaldes, tenientes de alcaldes o portavoces municipales del PP que tenía empleados en la Diputación se afiliaran a CC OO. Los mismos destacados alcaldes del baltarismo que hasta ese año formaban un sindicato denominado Grupo de Trabajadores de la Diputación, se hicieron sin pestañear con el comité de empresa de la institución provincial bajo las siglas de CC OO. El comité lo encabezaba José Antonio Blanco, número cuatro del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Esgos, donde era alcalde el cuñado de Baltar y teniente de alcalde su hijo y actual presidente de la Diputación. Tanto UGT como CIG fueron incapaces de montar una lista entre una plantilla de empleados afines al presidente.

Pero el fiscal no solo cuestiona el papel de CC OO, sino el de UGT y Confederación Intersindical Galega (CIG). “En ninguna de las 24 reuniones de la comisión de control celebradas entre enero de 2010 y octubre de 2011 se planteó una mera petición de información sobre las contrataciones”, precisa el Ministerio Fiscal. Delgado hace constar en la querella que “dos sindicatos no asistieron a ninguna de las reuniones y uno de ellos, solo a tres”, sin pronunciarse en ninguna. Baltar tampoco se molestó en pedir informes. “Ni siquiera de manera verbal”, reseña el fiscal en su querella. El “buen cacique” eligió a los afortunados sin más criterio que el suyo propio y los colocó en la institución pública por periodos de entre tres y seis meses.

Sobre estas colocaciones solo hubo dos informes —uno de la Intervención y otro de la Secretaría— ambos posteriores al congreso del PP y realizados a petición de un diputado de la oposición. Pero matiza el fiscal que en ninguno de los casos se referían al enchufismo, sino a la dotación presupuestaria de la institución para hacer frente al pago de las nóminas y de la Seguridad Social de los contratados en aluvión en aquellos meses anteriores al ascenso del hijo de Baltar al liderazgo provincial del PP.