El juez archiva el ‘caso de las facturas’ del exalcalde de Elche

El caso de las facturas del exalcalde de Elche, Alejandro Soler, judicialmente ha quedado en nada, aunque políticamente tuvo su coste. El actual diputado provincial del PSPV y exalcalde, Alejandro Soler, mostró este jueves su satisfacción por la decisión del juzgado de instrucción número 4 de Elche de archivar el caso.

Soler se lamentó de que el PP dirigió “su ataque furibundo” contra él: “Quiero denunciar que la actual alcaldesa Mercedes Alonso ha maniobrado con el único objetivo durante todo este tiempo de perjudicarme”. El exalcalde aseguró que son muchas las iniciativas que Mercedes Alonso “ha emprendido para perjudicar mi vida política y mi vida personal. Quien no tiene capacidad ni valores sólo puede ascender destruyendo al adversario, pero en esta ocasión se ha hecho justicia”, aseguró. Soler condenó “los métodos de la mentira, la manipulación, de la presión para conseguir objetivos”, y a aquellas “personas que, como Mercedes Alonso, solo buscan en la política satisfacer sus intereses y sus objetivos económicos”.

El juzgado de instrucción número 4 de Elche ha declarado el sobreseimiento del caso de las facturas, abierto en 2009 contra el entonces alcalde socialista de Elche por presunta prevaricación y malversación de caudales al pagar publicidad de la campaña electoral socialista con fondos públicos. El sobreseimiento libre y archivo de la causa, ante el que cabe recurso, se produce dos años después de que el Tribunal Supremo anulara el archivo previo realizado por la Audiencia de Alicante porque no se habían practicado algunas diligencias, tal y como defendía el PP.

Querella del PP

El procedimiento contra el exalcalde socialista se inició en febrero de 2009 tras la querella presentada por 12 de los 13 ediles del PP, entonces en la oposición, por presuntas irregularidades en el pago con fondos municipales de dos facturas a un periódico gratuito por la realización de reportajes de la campaña electoral socialista.

En junio de ese año la sala séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, archivó la querella al entender, después de las declaraciones de Soler, que se trataba de un “error administrativo”. Los concejales del PP recurrieron en casación al Supremo, que ordenó retrotraer las actuaciones a su fase de instrucción, y practicar más pruebas testificales.