La Junta abona el 75% de las guardias a los abogados de oficio

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta ha abonado en lo que va de año el 75% de las guardias realizadas por abogados de oficio en el servicio de justicia gratuita. El departamento que dirige Emilio de Llera informó ayer del abono de 6,5 millones de euros, con lo que el importe total pagado hasta el momento a los colegios de abogados por estos gastos asciende a cerca de 30 millones.

En un comunicado, la Junta destacó que esa cifra es “más de la mitad de lo presupuestado para todo el año”, y que “desde el pasado mes de julio, la Consejería no ha dejado de ir abonando mensualmente diferentes cantidades a estos profesionales por la prestación de este servicio”. La intención de la Consejería es que a finales de año todas las guardias de justicia gratuita hayan quedado abonadas en su totalidad.

Las deudas a los abogados del turno de oficio provocaron que en 2011 los letrados de Granada secundaran un paro de cuatro horas todos los martes. Esta movilización fue denunciada por la Consejería hace un año por posible afectación a los derechos fundamentales de los detenidos que no contaron con abogado de oficio durante la huelga.

En los presupuestos autonómicos para el próximo año, Justicia ha mantenido una partida de 44 millones de euros para el servicio de justicia gratuita. La Consejería destaca su “compromiso” con los abogados de oficio frente al Ministerio de Justicia, que destina 34 millones para las cinco comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias.

Tasazo judicial

La gratuidad de la justicia también preocupa a la Secretaría General de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Diego Valderas, de IU. Este departamento sostuvo ayer que las tasas para recurrir sentencias implantadas por el Gobierno central suponen un retroceso para los consumidores y usuarios frente a posibles “cobros indebidos” de grandes empresas.

La secretaría general considera que el tasazo va a afectar muy negativamante al sistema arbitral de consumo, ya que a partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2012, quienes pretendan ejecutar judicialmente un laudo favorable que la empresa se niega a cumplir “deberá abonar una tasa mínima de 200 euros”.