El Tribunal de Cuentas de España investiga el sobrecoste de la AP-1

El Tribunal de Cuentas de España ha abierto una investigación en torno a los sobrecostes abonados por la sociedad pública guipuzcoana Bidegi a los adjudicatarios de las obras de construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria) durante el anterior Gobierno de la Diputación, presidido por el peneuvista Markel Olano. La Unidad de Actuaciones Previas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha iniciado la investigación después de recibir un escrito del fiscal de este órgano, que observa la posibilidad de que dichas desviaciones presupuestarias "pudieran ser constitutivas de un presunto ilícito contable por alcance".

La instructora ha abierto el procedimiento y ha remitido una comunicación a Bidegi en la que le informa de la situación y le requiere una serie de documentos sobre la adjudicación, las modificaciones del proyecto y la liquidación del contrato. Las supuestas irregularidades ya fueron desveladas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) en su informe de fiscalización de la Diputación de Gipuzkoa relativo al ejercicio 2009.

Este informe señaló que un contrato de la AP-1, el del tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte, adjudicado en 106,6 millones de euros, sufrió incrementos, "por aprobación de modificados y adjudicación de obras complementarias", del 52 % respecto al importe original. Además, el TVCP destacó que la liquidación de la obra principal, que se aprobó en junio de 2011 -justo antes de que los miembros del Gobierno foral del PNV-H1! abandonaran sus cargos tras la victoria electoral de Bildu-, incluyó un incremento adicional del 22 % "no amparado en modificación contractual alguna".

Las presuntas irregularidades ya fueron detectadas  por el TVCP

Precisamente este último aspecto, el referido a la liquidación con un sobrecoste no justificado, es el que cita la instructora del Tribunal de Cuentas en el escrito remitido a Bidegi, fechado el 16 de noviembre. La infracción que se investiga consiste en "la ausencia de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos", según explica el propio Tribunal de Cuentas en su página web.

Si la instructora, una vez recabada la documentación requerida, observa la posibilidad de que se haya producido el citado "ilícito contable", las actuaciones previas podrían derivar en la apertura de diligencias y en la celebración de un juicio en los órganos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas.

En el caso de que la sentencia fuera condenatoria, el tribunal señalaría en su fallo a los responsables de los sobrecostes injustificados y podría establecer la obligatoriedad de reingresar al erario público el dinero abonado irregularmente, además de los intereses, según fuentes del tribunal.