El PSOE señala solo a Javier Guerrero en la comisión de los ERE

Las propuestas de conclusiones de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) de la comisión de investigación de los ERE mostraron las discrepancias sobre las responsabilidades políticas que permitieron el fondo, pero sobre todo avanzaron el dictamen final de la comisión.

El PSOE considera que las irregularidades detectadas solo tienen un responsable: el ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Los socialistas exculpan a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera (2000-2004) y Antonio Fernández (2004-2010) de sus responsabilidades políticas. El PSOE considera a Guerrero responsable “exclusivo” para conceder las ayudas. El problema es que su socio de Gobierno, Izquierda Unida, extiende la culpa del fraude tanto a Viera como Fernández, a los que considera “muñidores” del convenio que en 2001 generó el sistema de ayudas implantado hasta 2010.

Los diputados de IU y PP, que también critica a los exconsejeros, suman mayoría, por lo que las conclusiones finales de la comisión censurarán la gestión de Fernández y Viera, este último diputado a Cortes. La incógnita de qué hará el PSOE respecto a Viera aún no ha sido despejada.

“Autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que motivó la falta de controles” en Empleo, denomina IU a Fernández y Viera. IU censura asimismo la “discrecionalidad arbitraria” para las ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, comarca que acaparó el 60% de las ayudas directas a empresas.

Por su parte, el PP sube de escalón y atribuye la máxima responsabilidad política del fraude al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves. Para el PP deben dimitir Griñán, Chaves, el exvicepresidente Gaspar Zarrías, y otros 13 cargos políticos como el exconsejero Manuel Recio, por su responsabilidad en los asuntos investigados.

A pesar de los reiterados informes enviados por el ex interventor general Manuel Gómez a la comisión para intentar influir en las conclusiones finales, ayer IU propuso censurar su papel para frenar el fraude. IU estima que la Intervención General “no ejerció su función de dirección superior al no extraer las conclusiones pertinentes de la evidencia de que disponía: la fiscalización (...) revelaba un control conjunto totalmente irregular”.