Valderas dice que “el último peldaño” en el sector público serán los despidos

El presupuesto de la Junta para 2013 tiene muchas incógnitas, pero una de ellas va a girar sobre cómo van a afectar las restricciones a los cerca de 25.000 trabajadores del sector público. Según el vicesecretario general socialista, Mario Jiménez, aún no hay una decisión tomada por los socios de la coalición de Gobierno (PSOE e IU), aunque la apuesta general es la del “mantener los servicios públicos y el empleo”.

Según el vicepresidente de la Junta y coordinador general de IU, Diego Valderas, la pérdida de empleo en las empresas públicas será “el último aspecto” dentro de la revisión del sector, ya que antes de llegar a ese extremo “habrá que hacer todos los ajustes que sean necesarios”. Será “el último peldaño que hay que recorrer” y hasta llegar a ese punto “hay una escalera muy larga”, dijo Valderas en un acto con sindicatos y patronal.

Este fin de semana, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, admitió que en la elaboración de las cuentas de 2013 se están “revisando” algunos servicios de la Administración andaluza. Al respecto, Valderas señaló que el Gobierno andaluz es “consciente” de que hay que hacer una “profunda reflexión” sobre el sector público en la comunidad y su “readecuación”, ya que cada día “se hace más necesario” aprovechar los recursos de los que dispone la comunidad, y de que no se produzcan “dualidades”. También destacó que cualquier acuerdo tiene que ser “muy consensuado y muy dialogado” para los próximos cuatro años, es decir, para toda la legislatura.

Cualquier acuerdo tiene que ser muy consensuado y muy dialogado para los próximos cuatro años Diego Valderas, vicepresidente de la Junta

Ante el futuro de las empresas públicas, el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, exigió al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que explique en qué consistiría una reordenación del sector público andaluz. El anterior equipo dirigente del PP fue muy beligerante con los trabajadores de algunas empresas públicas a las que llamaban “enchufados”. Según Sanz, el PP “no va a consentir" que se acometa ningún tipo de ajuste "sin que antes no se pode lo mucho que le sobra a la Administración autonómica y sin que antes no se hable de la reorganización del modelo del sector público empresarial”.

Los sindicatos volvieron a mostrar su rechazo a un ajuste de plantillas en empresas participadas por la Junta. El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, proclamó que se opondrá “frontalmente” si se pretende el “desmontaje” y la privatización de los servicios como consecuencia de acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (rescate). No obstante, se ha mostrado dispuesto a abordar el asunto si de lo que se trata es de “optimizar los recursos” y mejorar la eficiencia, sin despidos.

El presidente de la patronal, Santiago Herrero, afirmó que sobrarán todas las empresas públicas que no cumplan con los requisitos de ser “eficientes en la prestación de los servicios”.

En un comunicado, UGT aseguró que 800 trabajadores de las unidades territoriales de empleo y desarrollo local habían sido despedidos y no han sido reubicados.