EU solicita que se reactive la vía penal por la tramitación del Plan Rabassa

Esquerra Unida del País Valencià ha presentado esta mañana una denuncia ante el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante en la que solicitan que se reabra la pieza que investigó la tramitación del Plan Rabassa y la implantación de Ikea en este suelo y que se sobreseyó el 6 de mayo de 2008. En la denuncia, EU pone en conocimiento del juzgado nuevos hechos posteriores al sobreseimiento de esta causa y que en su opinión ponen en evidencia la "influencia" que Ortiz tiene sobre las autoridades en favor de sus intereses particulares vinculados al polémico macroproyecto urbanístico de Rabassa.

La causa archivada tuvo su origen en las escuchas del caso Brugal realizadas en los primeros meses de 2008. En estas escuchas, los agentes interceptaron una conversación entre Enrique Ortiz y Rafael Gregori referentes al Plan Rabassa, lo que motivó una petición del fiscal Anticorrupción de que se desgajara esta parte a favor de un juzgado de Alicante. Las diligencias recayeron en el juzgado número 6 de Alicante, cuyo titular las sobreseyó finalmente, aunque sin comunicar su auto al entonces instructor general del caso Brugal en Orihuela.

En la denuncia, EU reclama la reapertura de diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias contra ocho personas: Luis Díaz Alperi, diputado de las Cortes Valencianas; Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante y diputada en las Cortes Valencianas; Enrique Ortiz, empresario; Enrique Sanus, Gerente de Urbanismo; Isabel Campos, jefa del servicio jurídico-administrativo de la Gerencia de Urbanismo; Enrique Peiró, director de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Alicante; Francisco Javier Criado, que fue director general de Carreteras del Ministerio de Fomento con el Gobierno anterior, Y María Ángels Ureña, secretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.

EU ha recordado en rueda de prensa que tiene recurrido el Plan Rabassa por la vía Contencioso-adminitrativa. Y a finales de noviembre del año pasado, el TSJ pidió inicialmente las escuchas de la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU) en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz y que tenían referencias concretas al Plan Rabassa. Pese a esta petición, el mismo tribunal desistió finalmente de esta prueba.