El PP rechaza reabrir la comisión de investigación del accidente de metro

El PP ha rechazado este miércoles la creación de una comisión de investigación del accidente de metro de 3 de julio 2006 en el fallecieron 43 personas y resultaron heridas otras 47, y ha argumentado, en palabras del diputado David Serra, que las instancias judiciales dejaron "resuelto el tema" y dijeron "lo mismo" que se concluyó en la comisión que ya se celebró sobre el tema en las Cortes. Aquella comisión duró solo cinco días. Serra ha pedido que se "pase página" con el accidente de metro porque "se tiene la certeza absoluta" de las causas del siniestro.

No lo ven así lo grupos de la oposición y tampoco la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio que, como cada día tres, se ha concentrado para exigir responsabilidades a la Generalitat y recordar que siguen "esperando respuestas".

Los grupos de la oposición al PP en las Cortes han reclamado la comisión porque, a su juicio, hay nuevos argumentos que "aconsejan" reabrirla. Han recordado que "se contrató a una consultora para que aleccionara" a los testigos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que comparecieron en la comisión de investigación para coordinar sus respuestas y que fuera "creíble" el argumento que atribuye el accidente al exceso de velocidad, según ha apuntado el diputado de Compromís Juan Ponce.

La diputada de EUPV Marina Albiol ha reclamado la comparecencia de la gerente de FGV, Marisa Gracia, que sigue al frente de la empresa porque considera que "mintió" y "manipuló" las respuestas de los técnicos que acudieron a las Cortes. El parlamentario socialista Francesc Signes considera que si se demuestra que los comparecientes fueron aleccionados, "se engañó a la comisión" y esa es "razón suficiente" para la reapertura de la comisión.

La asociación de víctimas ha destacado en su concentración mensual que la Justicia no llamó a declarar al ingeniero Juan Broseta, que inspeccionó la vía tras el siniestro a petición del entonces consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón. "La opinión del primer experto que inspeccionó el lugar del accidente no coincidía con la versión del exceso de velocidad, sino que dejaba en evidencia la falta de medidas de seguridad en la línea 1", afirma la asociación en un comunicado en el que destaca una vez más que en la Generalitat no se asumieron responsabilidades políticas por el siniestro.