Compromís insta a Barberá a asumir la Ley de Memoria Histórica

“El equipo de Gobierno de Rita Barberá está poniendo todos los frenos posibles al cumplimiento del espíritu y la letra de la Ley de Memoria Histórica”. Eso es lo que expresó ayer Pilar Soriano, concejal de la coalición Compromís. El grupo político aprovechó la sentencia que obliga la retirada del título de Alcalde Honorífico a Francisco Franco para pedir al Ayuntamiento de Valencia que cambie el nombre de la calles dedicadas al médico falangista Marco Merenciano, que ordenó la muerte del rector Pese Aleixandre, y a Primo de Rivera. También reclamaron la retirada del escudo franquista situado en la fachada del colegio Teodor Llorente. “Es intolerable que, 36 años después de la muerte del dictador, todavía queden cosas pendientes”, lamentaron.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, consideró “lamentable” que sea un juez el que “haga la faena” tanto del Ayuntamiento como del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y aludió a la Ley firmada en 2007 como “un espíritu de reconciliación y superación” que quiere “poner las cosas en su sitio”. Puig reconocío, “sinceramente”, que no conocía la atención que gozaba el dictador en Valencia y explicó que “por razones casuísticas de carácter local”, los socialistas no lo retiraron en su día, pero que “se actuó directamente con los símbolos”.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, por su parte, celebró ayer la decisión y recriminó que el consistorio “se vea obligado, a vergüenza suya” a quitar el título. “El fallo judicial nos da la razón”, añadieron, “y exige la normalización del callejero y cuadro de honores de Valencia”.

Vivir en el presente

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, evitó declararse sobre el tema y remarcó que “ahora no hay que intentar remover el pasado, hay que vivir el presente y preparar el futuro”. Fabra indicó que era algo que “tiene que preguntarse al Ayuntamiento” y que “en estos momentos hay otras cosas que preocupan a los ciudadanos”. “No creo que sea una cuestión que esté entres sus prioridades”, zanjó.

La delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, se ciñó exclusivamente a repetir que “es una decisión tomada por quien debe y que merece, igual que todas las decisiones judiciales, todo el respeto del mundo”.