Caos en el copago por la desintonía entre la Seguridad Social y el Sergas

Reina la descoordinación. Y pagan los pacientes. La premura con la que el Ministerio de Sanidad puso en marcha el Real Decreto 16/2012 para “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” tras su publicación, el pasado día tres, se ha estrellado con la descoordinación entre las distintas administraciones implicadas y con la ausencia de una base de datos unificada. Los pacientes que acuden a las farmacias y se encuentran con que deben pagar el 50% del importe de sus medicinas —les cobran en función de la declaración de la Renta de 2010, aunque su situación laboral y económica haya variado desde entonces— en lugar del 10% que aportaban hasta hace solo unos días, han iniciado un peregrinaje, sin respuesta, que los rebota de un organismo a otro.

El Sergas se desentiende de las quejas. “Corresponde al INSS”, precisaron a este diario desde el organismo autónomo. En Santiago, los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Estado, han impreso unos folletos que entregan a los afectados que acuden a reclamar. “En el ámbito de Galicia, las quejas, reclamaciones o peticiones de reintegro de las aportaciones que se consideren indebidas deben de realizarse ante las dependencias del Sergas”, reza el papel que difunden.

En esta oficina, los funcionarios llevan un mes introduciendo datos en la base informática a la que tendrá acceso el Sergas, aunque no han hecho más que empezar. Hasta ayer mismo, cuando alguien acudía a solicitar la asistencia sanitaria le pedían una aproximación de los ingresos de este año y la incluían en la ficha, pero el jueves recibieron orden de que no introduzcan este último dato, “sino el que facilita Hacienda” y que se limiten “a acreditar que los usuarios tienen derecho a la asistencia sanitaria”. Esto es, que se valoran los ingresos de 2010, cuando la situación laboral y económica de muchos ciudadanos era otra. A quienes hace dos años tenían ingresos superiores a 18.000 euros —aunque desde entonces estén en el paro— han empezado a cobrarles el 50% del precio de las medicinas.

Quienes acuden en mayor medida estos días a pedir ayuda a la delegación del INSS de Santiago son los pensionsistas retornados de Suiza —único país europeo que no firmó el convenio de exportación de pensiones de la Seguridad Social— a quienes han comenzado a cobrarles el 40% del precio de los medicamentos, como si fueran trabajadores activos. “Las farmacias y los centros de salud nos los envían aquí”, explican en el INSS en donde puntualizan que “la competencia para gestionar es del Sergas”.

De momento, les comunican que tienen dos opciones: que les descuenten en Suiza la parte proporcional y les exporten la pensión o pagar en España una cuota mensual a la Seguridad Social y conseguir así “equipararse en derechos asistenciales a los pensionistas de aquí”, detallan las mismas fuentes del INSS.

En lo que respecta a la situación de los discapacitados, la delegación compostelana del instituto de salud dependiente del Estado ha recibido órdenes internas de declarar la exención a quienes tienen reconocida la prestación por la Lismi (Ley de integración social de los munsválidos). Pero la contradicción también se ha puesto aquí de manifiesto. En la web del Ministerio de Sanidad figuraba ayer que “las personas con grado de discapacidad superior al 33% estarán exentos de aportación en prestación farmacéutica”, lo que desde el INSS se interpreta como un error más —una errata— en la precipitación de la aplicación del Real Decreto. En la misma web, bajo el mismo epígrafe de “Preguntas frecuentes del nuevo modelo de prestación farmacéutica” consta también que en el caso de los jubilados con discapacidad “lo que prima es la discapacidad y, por tanto, estarán exentos de aportación”.