Llave

Puesto que, como dice Griñán, preocuparse ahora de lo orgánico es equivocarse, dejemos a un lado las elucubraciones sobre en qué manos recaerán las siempre codiciadas llaves de San Vicente, 37, sede en Sevilla del PSOE de Andalucía, y adentrémonos en lo que, como señala el presidente, es realmente importante, esto es, aquello que afecta más de inmediato a los ciudadanos, inmersos como están en una profunda crisis de incierta salida. O sea, nada de perder el tiempo en lo que pueda dar de sí el 12º congreso regional de los socialistas andaluces, a celebrar, esta semana, en Almería. Las circunstancias mandan, por lo que no es el momento de discusión alguna sobre aquellos asuntos a los que son tan proclives en esta familia política, como pueden ser primarias, análisis de resultados, reparto de poder interno, territorialidad o autonomía del partido. Aquí lo que toca, nos viene a decir, es menos diferencias y más soluciones. Enseñar, en definitiva, el camino a seguir que marque un rumbo alternativo frente al recorte como única solución.

Así que para no incurrir en mayores errores lo mejor es dedicarnos a comprobar cómo se reacciona desde la Administración andaluza ante cuestiones que atañen al mismo bolsillo de los contribuyentes en general, y de los pensionistas en particular, como sucede con el repago farmacéutico que ha entrado en vigor. La Junta se ha convertido en la verdadera punta de lanza contra esta y otras medidas de amplio calado social puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy. Por un lado, se ha desplegado una ofensiva jurídica en toda regla al recurrir, en este caso, ante el Tribunal Constitucional. Pero, mientras tanto, como aquí no somos insumisos, habrá de aplicarse, aunque con los matices suficientes como para aliviar algo la carga a los jubilados.

Al Ejecutivo central no le han gustado nada estas maniobras y no descarta una respuesta contundente, según avisan desde el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, por el momento, la única reacción la ha recibido la propia ministra, Ana Mato, al ser abucheada este fin de semana en la provincia de Málaga.

Y por si faltaba algo al cuadro, contamos ya con una nueva “deuda histórica”, como rápidamente la ha bautizado Diego Valderas (IU). El no reconocimiento por parte del Ejecutivo del Partido Popular del pago de la deuda contraída con Andalucía por valor de 1.504 millones de euros, conforme a lo que recoge nuestro Estatuto en materia de inversión del Estado, se convertirá en un serio problema para los populares y en especial para los de Andalucía, así como en una poderosa arma en manos de PSOE e IU.

Para colmo, el agravio es más acusado si se tiene en cuenta que una reivindicación, en lo sustancial, muy similar de Cataluña, va a ser atendida por el Gobierno de Mariano Rajoy, después, eso sí, de la intermediación de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Nos queda saber qué hubiese pasado si Javier Arenas estuviera en estos momentos encabezando el PP andaluz.