Los salarios de los trabajadores públicos no deben recortarse más

En este momento lo que está en juego es la defensa de los salarios de todos los afectados por los recortes. No se puede admitir que ningún colectivo de trabajadores, ninguno, sea tratado o aspire a ser tratado de una manera distinta a los demás. De lo que se trata, a mi juicio, es de

1. Garantizar el empleo de todos los hombres y mujeres que tienen un trabajo que depende de cualquier organismo directa o indirectamente relacionado con la Junta de Andalucía: funcionarios, personal laboral, interinos, trabajadores del sector público...

2. Mantener todos los servicios públicos. Todos los que existen en la actualidad. Sin acabar, como ha sucedido ya en otras comunidades autónomas, privantizándolos o desmantelándolos.

3. Hacer lo imposible para evitar los recortes salariales de los empleados públicos y del sector público, sea cual sea el tipo de relación laboral que tenga con la Administración.

Hay que hacer lo imposible por encontrar una solución igual para todos. No puede ser que el Partido Popular, responsable último de los recortes, practique en Andalucía un ejercicio de insólito funambulismo y se alinee con los planteamientos corporativos de sindicatos que defienden los intereses de colectivos minoritarios si se comparan con el número total de trabajadores afectados.

Sindicatos corporativos que venden solo demagogia barata. Confusión. Que intentan patrimonializar unas reivindicaciones que en absoluto son exclusivamente suyas. No parece de recibo presentarse como adalides de unos derechos en los que únicamente están dispuestos a creer si los beneficiados son ellos. Con lo que demuestran que les importa muy poco la suerte de los interinos, de los eventuales y del resto de los trabajadores del sector público que no sean ellos.

Sindicatos corporativos que, ante los recortes, no tienen ningún reparo en señalar con el dedo quiénes quieren que sean las primeras víctimas con tal de que no les toque a ellos. Además de insolidaria, esta postura me parece muy poco inteligente. Porque al enfrentar los intereses de unos colectivos con otros y no apostar por un frente común, lo único que están haciendo es marcar la senda al patrón común, que es el gobierno andaluz, para que actúe con las manos libres cuando llegue el momento.

La ampliación de jornada de 35 a 37 horas y media semanales —a cuyo cumplimiento obliga el PP— provocaría el excedente de personal directamente en el ámbito de la Administración Pública (Sanidad, educación...) y en el de la Administración General (funcionarios y personal laboral) y en las empresas públicas.

Y ante la disyuntiva de la Junta de apostar por el empleo o la reducción de salarios, los sindicatos corporativos optan por el blindaje de los salarios y los derechos de cada colectivo de la administración pública, tenga el coste que tenga para el empleo.

Eso no puede ser. La solución del problema nunca puede ser que haya enfrentamiento entre los trabajadores como parecen preconizar determinados sindicatos corporativos. Un enfrentamiento que derivaría en la pérdida de su trabajo para muchos interinos, pero que finalmente deja al descubierto para futuros recortes a quienes hoy defienden esta solución.

Para la UGT, la solución al problema pasa por un frente común. La situación hay que afrontarla pensando en los 270.000 trabajadores afectados. En todos ellos. Sin marginar ni a uno solo. Por eso creo que hay que denunciar claramente a quienes, desde el corporativismo, se equivocan cuando defienden compartimentos estancos.

Y la Junta tiene que entender que si presta su plan de ajuste a un proceso de negociación esto implica la disponibilidad a modificar el contenido de ese plan sin pretender en primer lugar cargar sobre los salarios, sí o sí, una reducción de 777 millones de euros.

Consideramos que los trabajadores afectados deben implicarse personalmente en la defensa de sus intereses. Estudiamos por ello la celebración de un referéndum.

Manuel Pastrana es secretario General de UGT Andalucía