Creyentes, practicantes y el cambio de 33 años

Un 73,2% de los españoles se declara católico, pero solo el 13,7% es practicante asiduo, consideradas así las personas que dicen acudir a misa todos o casi todos los domingos y festivos. El resto, casi el 60%, visita la iglesia solo de modo ocasional y únicamente un 0,9% afirma que la frecuenta varias veces por semana, según datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de 2010. El 22% de la población se define como no creyente o ateo, y las minorías protestante, ortodoxa o musulmana se han incrementado por la inmigración hasta el 2,3%.

En correlación con ese bajo índice de práctica religiosa habitual entre los creyentes católicos, las estadísticas oficiales detectan también una caída de las celebraciones más significadas.

Los bautizos, las primeras comuniones, las confirmaciones y las bodas por la iglesia no dejan de perder adeptos. La encuesta de Movimiento Nacional de Población que realiza el INE (Instituto Nacional de Estadística) arrojó ya hace tres años el dato de que las uniones civiles de parejas igualaron en número a las religiosas. “Puede que ya sean más”, dijo la socialista Joana Madrigal. Esta caída en la demanda y uso de los servicios de la Iglesia parece probar la profundidad del cambio social operado en los 33 años transcurridos desde la firma del Concordato entre el Estado y la Santa Sede, en cuyos acuerdos está el de Asuntos Económicos. Y sería un factor a tener en cuenta a la hora de revisarlos. “Las políticas públicas destinadas a personas creyentes practicantes deberían, como otras, estar sujetas a evaluaciones periódicas”, defendió.

Pese a ese cambio, la conferencia episcopal, las diócesis, templos, parroquias, iglesias, capillas, residencias de obispos, canónigos, sacerdotes, casas o conventos de congregaciones, órdenes o institutos religiosos, seminarios y universidades eclesiásticas, siguen gozando de una exención total, no solo del IBI, sino también del impuesto municipal que grava la realización de obras.

En palabras del parlamentario proponente, Mikel Arana, “en medio de la profunda crisis que golpea a la ciudadanía y cuando los ayuntamientos se ven forzados a drásticas subidas del IBI a particulares y empresas, es necesario que la Iglesia, como principal propietario en el Estado, participe en el esfuerzo colectivo necesario”.