Alaya reclama un informe que la Junta envío a la policía hace 14 meses

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha censurado a la Junta por no haberle entregado un informe clave de la Intervención General pese a que se lo ha exigido por dos veces y la Junta ejerce como acusación en el caso. Sin embargo, el Gobierno envió dicho informe a la policía judicial el 25 de marzo de 2011. Cuatro días después la policía remitió un oficio al juzgado en el que supuestamente figuraba la información, incluido en el sumario de la causa judicial.

Esta nueva reprimenda de la juez a la Junta llega después de agrios enfrentamientos entre el Ejecutivo y la instructora sobre el nivel de colaboración en la investigación. “Lo que finalmente se ha recibido ha sido un escueto legajo de documentación (...) Se requiere por última vez y sin dilación alguna para que se aporte el expediente íntegro”, afirma tajante Alaya en su último auto.

La magistrada critica que la defensa del exconsejero Antonio Fernández, en prisión preventiva, tuviera acceso al informe de la empresa Hijos de Andrés Molina, que dio origen al fondo para empresas en crisis tras observar el Gobierno las quejas de la Intervención a los pagos. “Ha sorprendido enormemente a este juzgado que pese al requerimiento reiterado a la Junta (...) este órgano haya tenido conocimiento del informe a través de la documentación aportada con el recurso interpuesto (...) Lo que demuestra sin lugar a dudas el fácil acceso que las defensas pueden tener a la documentación de la Junta y las dificultades que la propia Administración pone a este juzgado”, subraya Alaya.

En los tomos judiciales del caso, consta que la Junta de Andalucía envío a la Policía Judicial este informe en marzo del año pasado. En concreto, en el folio 3.274 de la causa aparece el escrito remitido por el Gobierno a la policía en el que se comunica la entrega del documento. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, atribuyó a un “error” la nueva exigencia de Alaya.

Además, la juez exigió ayer al Gobierno andaluz nueva documentación de la Consejería de Empleo pero también de Innovación: presupuestos, expedientes íntegros de modificaciones presupuestarias relacionadas con la agencia pública Idea, documentos contables e informes elaborados por la asesoría jurídica y expedientes para las subvenciones a una docena de empresas como Taller de Libros y sociedades como la Fundación San Telmo. La juez ya amplió su extensa investigación el pasado otoño a las consejerías de Agricultura y Pesca, Innovación, Ciencia y Empresa, y Turismo.

En su auto, la juez le pide a la Agencia Tributaria que analice los ingresos y pagos del bufete Estudios Jurídicos Villasís, cuyo responsable está imputado en la causa, relacionados con otras sociedades. Entre estas figura la consultora Uniter, que gestionó numerosos ERE, y de la que recibió que cuatro millones entre 2006 y 2010. Además, este despacho efectuó pagos a Lógica Estratégica Empresarial, empresa del exchófer del ex director general Javier Guerrero, la sociedad municipal de Desarrollo local de El Pedroso [localidad de Guerrero] y la almazara SAT Virgen del espino de la Sierra Norte sevillana.