Bravo asumió ante responsables forales que se había cometido un delito

José María Bravo, el principal acusado por el fraude de la Hacienda de Irún, asumió ante los responsables de la Hacienda foral que las irregularidades descubiertas por este departamento en 2006 constituían un delito de malversación. Así lo testificó ayer en la vista oral la secretaria técnica de Hacienda que elaboró el acta de las dos reuniones desarrolladas en septiembre de 2006 en las que el entonces diputado de esa cartera, Juan José Mujika, y su director, Iñaki Rica, pidieron explicaciones a Bravo sobre las irregularidades en la oficina de la localidad fronteriza cuando este era su máximo responsable.

Bravo fue interrogado por sus superiores sobre los casos de dos contribuyentes que aseguraron haber saldado sus deudas con Hacienda en metálico en esa oficina. El dinero no llegó a ser ingresado en la Hacienda foral. La testigo explicó ayer que Bravo no se planteó que el dinero hubiera sido ingresado en Hacienda, como ha mantenido en el juicio, sino que asumió que se había registrado un delito, según informa Efe.

La funcionaria dijo que Bravo asumió que no había explicaciones distintas a las de un posible robo. En la primera de las reuniones, ya sugirió que todo apuntaba a una malversación de fondos públicos y que los indicios conducían a él mismo o al contable de la oficina.

“Actuar de buena fe”

Tras hablar con este y constatar su inocencia, en la segunda cita, celebrada tres días después, Bravo sostuvo que todo apuntaba a un delito del que podrían ser responsables varias personas que conocían las claves de la caja fuerte. Según la testigo, el acusado mantuvo que él no era el culpable “penal”, pero admitió una responsabilidad “administrativa por negligencia” por “actuar de buena fe confiando en las personas que trabajaban" en su oficina. A renglón seguido, planteó pagar 148.000 euros para que el asunto no se trasladase a la Fiscalía como finalmente se hizo.

También testificó el empleado de una asesoría que habló con Bravo para tratar la deuda tributaria de una empresa que vendió un pabellón para saldar su descubierto. Este testigo apuntó que Bravo le dijo que estudiaría el asunto y que, tras consultar con su superior, tenía autorización para saldarlo pagando 66.000 euros, aunque la deuda sumaba 150.000.

El asesor, quien pagó en metálico en la oficina de Irún y recibió un justificante, agregó que no le extrañó tal rebaja, pues de lo contrario no se habría planteado la operación.