El naval protesta en Ferrol y Vigo contra el Gobierno

Al norte, más de 3.000 trabajadores de la industria Navantia Ferrol y Fene junto a empleados de la industria auxiliar marchaban a pie entre las dos localidades para denunciar el “inmovilismo”, del Gobierno central y de la Xunta. Al sur, una treintena de delegados de CC OO, CIG y UGT se encerraban en el edificio administrativo de Vigo reclamando una reunión urgente con alguien que les explicase qué está ocurriendo con las negociaciones del Tax Lease, el famoso sistema de financiación de buques.

Los despidos son el denominador común en ambos casos. Ignacio Naveiras, portavoz del comité de Navantia, aseguró a Europa Press que si antes se perdían decenas de empleos, en las próximas semanas van a ser “centenares”, porque en junio coincidirán dos entregas de buques anfibios para Australia con la botadura de una fragata para la Armada española.

El BNG reclamó en el Parlamento la dimisión del conselleiro Javier Guerra al frente de Industria

Las movilizaciones en Vigo tuvieron otro cariz. Los delegados sindicales comenzaron el encierro pasadas las 11.30 horas de este martes para solicitar “inmediata interlocución” y denunciaron la “continua desinformación”. Creen que hay una clamorosa “falta de eficacia en la gestión de los problemas del sector” y también “falta de sensibilidad” para adoptar una solución urgente, ante la situación de emergencia en la que se encuentran miles de familias que dependen del naval. Hacia las tres de la tarde, con el edificio vacío de funcionarios, la policía los desalojó, lo que para ellos fue un gesto “clarificador”, de la actitud de la Xunta. Fuentes de la Administración aseguraron que la orden de desalojo se produjo tras una invitación a los delegados a irse “de forma voluntaria”.

Mientras, en el pleno del Parlamento gallego, el diputado del BNG Fernando Branco Parga reclamó la dimisión del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, por “el incumplimiento manifiesto de todos los puntos” de una resolución relativa a Navantia aprobada en la Cámara por unanimidad de los grupos el pasado 29 de febrero.

“Lo pedimos por lo de Navantia pero es que lo podíamos pedir por un montón de cosas”, afirmó el parlamentario nacionalista antes de referirse a la gestión del Igape y al “desastre del concurso eólico”.

La única buena noticia del día para el sector la dio el centro Aimén, en Porriño, que ha desarrollado una tecnología que ahorra entre 2 y 5 millones del coste de un buque en función de sus dimensiones y complejidad.