El PNV exige al Gobierno que pida perdón por el ‘caso Margüello’

El PNV pidió ayer al Gobierno vasco una “rectificación pública inmediata” por sus declaraciones en torno a las supuestas irregularidades en contratos de la sanidad pública con empresas privadas relacionadas con el exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, amigo del entonces consejero, el jeltzale Gabriel Inclán. La portavoz en materia sanitaria del PNV en el Parlamento, Nerea Antia, compareció ante los medios ayer blandiendo recortes de prensa y una resolución de la Audiencia Provincial de Bizkaia que archiva una rama del caso Margüello.

La resolución confirma la decisión del juzgado que instruyó la causa por prevaricación, delito del que el Gobierno vasco vio indicios en la actuación de José Ramón Elorriaga, director de Sanidad en Bizkaia con Inclán, a la hora de conceder la autorización que una empresa vinculada a Margüello, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, necesitaba para después conseguir contratos del Departamento de Sanidad. Fue también la única parte del caso que el Ejecutivo elevó a la fiscalía. Esta y el Gobierno recurrieron la decisión de sobreseer la causa pero, a finales de marzo, cerca de un año después del sobreseimiento provisional, la Audiencia Provincial ratificó esta decisión, tal y como difundió ayer el diario El Mundo. La resolución recoge que, como Elorriaga pidió informes antes de realizar la autorización, no prevaricó. “El juez no se pronuncia sobre si la autorización se dio con arreglo a ley, solo sobre si entiende que hay una prevaricación”, señala el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, que explica que mañana el Ejecutivo pedirá que se reanuden las diligencias por lo que está considerado el grueso del caso, las de malversación de fondos y fraude, que habían quedado en suspenso a la espera de este pronunciamiento. Esto “permite volver a la parte fundamental del caso, en la que estamos personados”, añade. “Nosotros no nos hemos posicionado, trasladamos a la fiscalía el informe de nuestros servicios jurídicos”, defiende, “el propio auto dice que si en el curso de las investigaciones hubiera nuevos indicios que apuntaran a un delito de prevaricación, se abriría otra vez la causa”.

Antia señaló, sin embargo, que “no hay delito ni caso” e insistió en que ha sido un “mero montaje” para “desprestigiar al Gobierno anterior”, en especial a su consejero Gabriel Inclán. En todo caso, la parlamentaria puso el acento en el “calvario mediático y político” que han sufrido las personas implicadas en el caso.