Chamizo ve injustificado que las ayudas de los ERE duraran 10 años
El Defensor del Pueblo se hace eco de las quejas de los ciudadanos sobre la gestión de las políticas de empleo

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, no ve justificación para que la Junta mantuviera durante una década un "régimen" de subvenciones excepcionales para las ayudas socio-laborales a favor de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Este sistema que el Gobierno andaluz creó en 2001 para buscar "la paz social" tras las graves crisis industriales, generó con el tiempo una entrega de ayudas millonarias de manera discrecional, origen del caso de los ERE que ahora investiga la juez Mercedes Alaya.
En su informe anual conocido este domingo, el Defensor del Pueblo se hace eco de las quejas de los ciudadanos sobre la gestión de las políticas de empleo y destaca que la generalidad de las modalidades que integran las políticas activas de empleo se adecuan a los principios legales para las subvenciones: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia, según informa EFE.
Sin embargo, llama la atención de Chamizo que de forma excepcional y desde 2001 y hasta 2010 se haya dado un tratamiento diferenciados a las ayudas sociolaborales destinadas a los ERE. Esto "pudo tener su razón de ser en los primeros tiempos y en relación con los casos concretos considerados de interés público, pero no puede decirse lo mismo con el transcurrir del tiempo y la aparición de la crisis económica en 2008".
Nueva regulación
A partir de ese año el volumen de expedientes y número de trabajadores y compromisos presupuestarios debieron forzar a la aprobación y publicación de unas bases reguladoras de estas ayudas sociolaborales, según el Defensor. La nueva regulación de esas ayudas llegó finalmente en 2011 "tras un enconado y agrio debate político y mediático sobre presuntas irregularidades detectadas en determinados expedientes relativos" a las citadas ayudas.
Incide el informe en que "la tardía regulación de estas ayudas —en 2011— pone en evidencia la falta de justificación por haber mantenido demasiado tiempo un régimen excepcional, máxime en el contexto de subvenciones regladas dominante en el ámbito de la Consejería de Empleo". Sin embargo, el informe no cuestiona "la mayoritaria y correcta" asignación de las ayudas otorgadas, especialmente debido a la crisis.
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