El tortuoso camino para regularizar las casas ilegales de Córdoba

La Junta ha tendido la mano a miles de parcelaciones edificadas en Córdoba en suelo no urbanizable, fuera del ordenamiento legal, para ser regularizadas. Pero para que esta asimilación se dé, la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha redactado una normativa directora —remitida ya a los Ayuntamientos— que establece los mínimos de habitabilidad que deben reunir las viviendas que se quieran acoger al decreto, que el Gobierno autónomo aprobó en enero de 2012. En ella se incluyen condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones, el impacto generado por las mismas, sus condiciones de seguridad, las condiciones mínimas de salubridad y las características de habitabilidad y funcionalidad.

La normativa se encuentra en fase de información pública, por lo que se pueden presentar alegaciones. Algunos dudan de que los propietarios sean capaces de cumplir con las exigencias que se les plantean. Es el caso del concejal de Urbanismo de Córdoba, Luis Martín (PP) que se preguntaba si los parcelistas ilegales podrían gastar dinero, "en estos momentos de crisis", para adecuar sus viviendas a las demandas de la Consejería.

Martín ha reflexionado acerca de algunos de los criterios que especifica la Junta. Como el de que los patios de las viviendas deben de tener un diámetro de más de tres metros cuando sirvan a estancias vivideras [sala de estar y dormitorios] y "de dos metros para el resto de las dependencias". "No sé hasta qué punto se pueden adecuar", se preguntaba el edil. Otras especificidades que detalla la normativa indica que "todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patios de luces, excepto los cuartos de aseo y dependencias auxiliares".

"Estamos hablando de normativas nuevas que estamos elaborando para dar contenido al decreto para el suelo no urbanizable que aprobó la Junta. Desde mi punto de vista son puntos de partida que la Consejería lanza y somete a información pública. Pero estamos en el plazo de alegaciones y si se presentan cuestiones razonadas, no habría problemas en modificar los conceptos que se recogen", explica el delegado de Obras Públicas en Córdoba, Francisco Martínez.

Córdoba es una de las capitales andaluzas que más ha sufrido el problema de las parcelaciones ilegales. En las últimas décadas, áreas de especial valor medioambiental e histórico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) vieron germinar una miríada de parcelaciones y urbanizaciones, así como asentamientos más o menos aislados. La salida legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, con unos 20.000 vecinos, según las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el término municipal lleva décadas poniendo en jaque al urbanismo cordobés. Ninguna corporación municipal, ni las de IU —que gobernó los pasados 12 años— o las del PP, actualmente en el poder, han sabido atajar por sus medios ese problema.

En el caso de Córdoba, la principal herramienta con la que cuenta el Consistorio es el PGOU de 2003 que tipifica la existencia de dos categorías de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayoría) y las que no (un millar de casas). Son 42 las urbanizaciones regularizables que ya han creado las juntas de compensación de propietarios que exige el PGOU para que desarrollen las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. "En todo caso, la nueva norma de la Junta no afecta a los planes de ordenación puestos en marcha por el Plan General vigente, que lleva su propia normativa", señala Martínez.

El Ayuntamiento de Córdoba ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para su adaptación al nuevo decreto de la Junta.