Álava no será acusación particular en el ‘caso de los bebés robados’

Las Juntas Generales de Álava rechazaron ayer una moción de Bildu que proponía que la cámara foral se personara como acusación popular en el caso de que se abran juicios por los casos de bebés robados. Los grupos PP, PNV, PSE y EB han aprobado una enmienda de sustitución del PSE-EE en la que apoyan la constitución en el Parlamento vasco de una comisión de estudio de esta supuesta trama y emplazan a la Diputación alavesa a colaborar en el ámbito de sus competencias con el resto de administraciones en el esclarecimiento de la supuesta trama de bebés robados en Álava.

Bildu, que se ha abstenido en la votación de la enmienda de sustitución, ha recordado que la principal solicitud de la asociación SOS Bebés Robados Euskadi es que las instituciones se personen en las investigaciones judiciales como acusación popular. En un comunicado, el grupo juntero de Bildu ha denunciado que el PSE-EE “se lave ahora las manos” después de haber “liderado este tema en Gipuzkoa”.

La moción de Bildu también pedía la constitución en el plazo de un mes de una comisión de estudio en las Juntas Generales de Álava y proponía solicitar un grupo similar en el Congreso de los Diputados. La moción de Bildu ha sido rechazada con los votos en contra de PP y PSE y la abstención del PNV. En su lugar, ha sido aprobada la moción del PSE-EE con el apoyo de PP, PSE, PNV y EB, mientras que Bildu se ha abstenido por considerarla insuficiente. López de Lacalle ha opinado que su iniciativa ha sido “cortocircuitada” porque ha sido presentada por Bildu y ha recordado que la Diputación alavesa tiene una responsabilidad directa en estos casos porque es la competente en la tramitación de las adopciones.

En el Congreso

El diputado del PSE-EE por Gipuzkoa en el Congreso Odón Elorza defenderá hoy, en la Comisión de Justicia de esta Cámara, una Proposición no de Ley en la que se pide al Gobierno que trabaje en esclarecer las denuncias sobre presuntos casos de bebés robados y adopciones ilegales en España, entre los años 1940 y 1990.

En esta iniciativa, el responsable socialista insta al Ejecutivo a trasladar a la Comisión de Justicia la información sobre el grado de cumplimiento de las medidas impulsadas en la pasada legislatura por el ministerio.