El bufete Garrigues intentó que la Junta pagara la deuda de un cliente privado

Un pago de la Junta de Andalucía por una querella que había interpuesto un ex policía local de Camas (Sevilla). Esa fue la intención del prestigioso bufete Garrigues, que presentó a la Consejería de Empleo la minuta que debía haber pagado un agente local por una querella contra dos exconcejales de Izquierda Unida. El intento, aparentemente frustrado, denota la confusión de la legalidad que mantuvo este despacho durante su estrecha relación con Empleo.

El PP desveló ayer las tres facturas por 20.000 euros enviadas por Garrigues al despacho de Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla y anterior alcalde de Camas. El secretario general del PP, Antonio Sanz, dijo ayer que el objetivo de la querella era “violentar la voluntad” de los ediles de Camas, inmersos en “mociones de censura para favorecer políticamente” al PSOE.

El despacho Garrigues, que tiene dos letrados imputados en el caso de los ERE y facturó a Empleo 1,2 millones del fondo para empresas en crisis, pretendía que la Junta pagara los servicios de ese particular: “Las tres facturas no fueron pagadas y han sido anuladas hace tiempo", se limitaron a decir fuentes de Garrigues, que no explicaron cómo pudo presentar a Empleo ese abono por servicios prestados a terceros.

“Lo grave es la utilización de la Junta para pagar acusaciones de particulares a través del delegado de Empleo Antonio Rivas”, explicaron ayer fuentes del caso. El Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla tramitó la querella, aunque finalmente el expolicía la retiró antes de que llegara a juicio. “El policía me preguntó si conocía a un abogado y le pregunté a Garrigues. Finalmente este hombre no le interesó el presupuesto y luego retiró la querella”, se limitó a explicar Rivas.