Guerra denunció el fraude tras ocho meses

La Consellería de Economía consideró desde el primer momento que la Xunta era “la principal perjudicada”, en la Operación Campeón. Por eso el departamento que dirige Javier Guerra ordenó el pasado 26 de mayo “la comprobación administrativa de la información”, relativa a la subvención que el Igape autorizó a Dorribo de 0,9 millones (que no llegó a cobrar) y el préstamo del Banco Europeo de Inversiones de otros tres millones que sí se embolsó el empresario. Sobre este último, Guerra se apresuró a decir que estaba “garantizado”, por las naves y la maquinaria que Nupel poseía. Era la baza de la Xunta para guardarse las espaldas en el caso de que Dorribo no lo devolviese.

El pasado 24 de enero, ocho meses después, el Igape denunció ante el fiscal superior de Galicia que no puede ejecutar las garantías sobre las naves y la maquinaria, por importe de 3.639.810 euros. Con respecto a las segundas, “el registro de bienes muebles de Lugo comunica la denegación de la inscripción por dos omisiones formales de la escritura, y por figurar algunas de las máquinas bajo arrendamiento financiero del Banco de Galicia. En el caso de las naves, el Igape reconoce en la denuncia que hay sobre ellas una prohibición de venta ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo y anotada en mayo de 2011.

En una respuesta a este periódico a raíz de la Operación Campeón, la consellería aseguró en junio que se realizaban “comprobaciones exhaustivas”, de las ayudas antes del pago. Como carece de un cuerpo propio de inspectores para verificar sobre el terreno el destino final de las líneas de apoyo, la Xunta solicita “informes”, a las delegaciones territoriales. “No se pagan las subvenciones hasta recibir el informe de los técnicos después de que una inspección en la empresa compruebe que la inversión”, señaló Industria.