Alaya frena el intento de vincular Invercaria con el caso de los ERE

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha rechazado investigar las grabaciones que denotan irregularidades en la empresa pública de la Junta andaluza Invercaria, ya que carecen de vínculo con la investigación abierta sobre los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Las cintas contienen 160 minutos de conversación entre la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz y varios subordinados, que reflejan una falta de procedimientos reglados en esta sociedad pública de capital riesgo. La Cámara de Cuentas ya había subrayado en un informe el incumplimiento de la normativa, la concesión discrecional de préstamos y pagos irregulares.

Las conversaciones fueron remitidas a la juez Alaya, pero esta las devolvió para su reparto y ahora el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla decidirá si es pertinente abrir una investigación al respecto. Fuentes de la fiscalía sevillana coincidieron en que las grabaciones, realizadas con un dispositivo oculto, no guardan relación con el escándalo de los ERE.

El PP ha intentado vincular ambos casos y ayer su candidato a las elecciones, Javier Arenas, insistió en que las irregularidades en Invercaria abundan en la “la ausencia de controles y la huida del derecho administrativo” del Gobierno andaluz. El PP lo denunciará ante el Tribunal de Cuentas porque ve “indicios de responsabilidad contable” y un “posible alcance de responsabilidad contable”. Mientras, el presidente José Antonio Griñán replicó que las grabaciones contienen 13 manipulaciones. Un informe pericial encargado por Invercaria detectó hasta 13 anomalías porque se han hallado interrupciones en las tres conversaciones que grabó el exdirectivo despedido Cristóbal Cantos. Las cintas contienen frases comprometedoras para Gómiz, pero la trascendencia penal es muy dudosa, según diversas fuentes.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, fue mucho más explícita que Griñán y acusó al PP de llevar a cabo una “guerra sucia electoral” al estar detrás de la publicación de las grabaciones a solo 20 días de los comicios. “Han tenido guardada un año en el cajón [las grabaciones] y es una manipulación pura y dura”, lamentó. Moreno achacó las tres cintas al nerviosismo que impera en el PP, y porque este busca deteriorar la imagen del presidente Griñán. El coordinador de IU, Diego Valderas, recalcó que la Cámara de Cuentas ya alertara de que “había elementos de ilegalidad” en la empresa pública. “Eso no lo puede negar ni Invercaria ni la Agencia Idea [de la que depende Invercaria]”, dijo.

La respuesta a la pregunta de si las conversaciones pueden albergar indicios de responsabilidades penales está en manos del magistrado Juan Gutiérrez, titular del Juzgado de Instrucción 16, que estudiará con detenimiento los 160 minutos de charlas sobre el procedimiento seguido y las tensiones entre los directivos. Mientras, el próximo viernes las grabaciones será analizadas en el juicio por acoso laboral tras la denuncia de Cantos, una vista oral en la que el magistrado podría desestimar o admitir la validez de la prueba.