Primeros despidos en una empresa de la Generalitat tras la reforma laboral

El Instituto de Investigación y Tecnología Alimentarias (IRTA en sus siglas en catalán) despidió la semana del 13 de febrero, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, a seis empleados: tres de la delegación de Torremarimon (Caldes de Montbui, Vallès Oriental), dos de los servicios centrales de Barcelona y uno de la sede Mas de Bover (Constantí, Tarragonès). Los despidos, objetivos y por razones económicas, se comunicaron, respectivamente, los días 15, 16 y 17 de febrero. El IRTA, adscrito al Departamento de Agricultura, se dedica a la investigación en agricultura y ganadería, tiene una quincena de delegaciones en toda Cataluña y una plantilla de 650 personas, todos ellos contratados laborales.

Los despidos finalizan un proceso que se inició el 5 de diciembre del año pasado, cuando la empresa convocó a los delegados de personal para informarles de que se disponía a emprender medidas de ahorro aprobadas en el consejo de administración. La causa del tijeretazo era la grave situación presupuestaria del organismo, a causa de la caída de la partida presupuestaria de la Generalitat, que representa el 35% de sus ingresos. Entre las medidas previstas figuraba el despido de empleados, a lo que los sindicatos respondieron con una propuesta alternativa para evitarlo: limitar los sueldos por la franja alta a 5.000 euros mensuales brutos y aplicar reducciones de jornada y salario, explica el presidente del comité de empresa, Luis Asin (CC OO).

"Desconocemos si han esperado a que la reforma laboral estuviera vigente, pero como dice el refrán, piensa mal y acertarás", conviene el representante de los trabajadores. Asin teme que los despidos sean más de los seis que se han materializado. Concretamente, los empleados temen por el futuro de dos compañeros de Lleida.

El colectivo de empleados se siente engañado por la empresa, que desoyó sus recomendaciones, y exige a la empresa que readmita a sus compañeros y que no prescinda de nadie más. Además, la plantilla protesta a diario en la pausa de 20 minutos que tienen los empleados a media mañana. El presidente del comité de empresa asegura que los compañeros despedidos recurrirán.

Los despidos del IRTA no serán los últimos en empresas de la Generalitat. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, reconoció hace justo una semana que se avecinan despidos en las empresas públicas del Gobierno catalán. Durante una entrevista en Catalunya Ràdio, reconoció que todavía "hay exceso y duplicidad de entidades públicas" y que, aunque el objetivo del Gobierno es mantener el máximo de puestos de trabajo, "el proceso de reorganización y mejora de la gestión puede llevar a algún ajuste de personal".

Hasta ahora, la treintena de despidos en empresas públicas que la Generalitat realizó el año pasado han sido declarados improcedentes o nulos, pero la reforma laboral cambia el escenario y facilita los despidos en organismos públicos. El decreto del Gobierno español los considera por razón de “insuficiencia presupuestaria, sobrevenida y persistente” tras tres trimestres consecutivos. Nada que no cumplan en el actual contexto buena parte de las empresas públicas. Es el caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que prevé despedir a un centenar de empleados de una plantilla de 640 personas.