Baltar ayuda a empleados de la Diputación afectados por el ‘Costa Concordia’

Cuando, el pasado miércoles, José Manuel Baltar Blanco ofició como titular de la Diputación y ofreció la ayuda de sus servicios jurídicos a los cinco damnificados ourensanos por el naufragio del Costa Concordia en Italia, en realidad, estaba ayudando a los suyos. De los cinco afectados, tres forman parte de la misma familia, Lorenzo Fernández, —padre, madre e hija— vinculada a la propia institución provincial y al Partido Popular.

La joven trabaja en el departamento de Obras de la Diputación y su padre, ahora jubilado, estuvo al servicio del exbarón y fundador del baltarismo durante décadas como capataz en el mismo servicio de Obras. José Virgilio Lorenzo fue, además de empleado de la Diputación, concejal del PP en Cea durante años. Su mujer es ama de casa. Los otros dos afectados son ajenos a la institución y no viven actualmente en Ourense.

Baltar Blanco no dudó en poner los servicios de la institución a su servicio. “Me comprometo a que los servicios jurídicos estén a su disposición, porque la Diputación va a estar pendiente de las noticias”, afirmó el flamante presidente de la Diputación en su primer acto al servicio de los ciudadanos ofreciéndose, además, como interlocutor político ante ministerios “o ante quien sea”. “No va a faltarles de nada” a los afectados, precisó. El día anterior, el nuevo presidente ya había dejado clara su defensa del papel de los organismos provinciales. “Si no existiera la Diputación de Ourense, habría que inventarla”, sentenció sin ambages.

Con la ayuda de la institución a los afectados del Costa Concordia, Baltar hijo sucede también a su padre en el modo de gestión institucional. Asume la herencia política de su progenitor que siempre presumió de su papel de “cacique bueno” y mantiene la hoja de ruta ofreciendo ayudas de las arcas públicas a sus empleados con el convencimiento de que “la Diputación tiene que estar con los problemas de los ourensanos”, según dijo en su encuentro con los cinco afectados.

 La institución prestará sus abogados para que estos cinco afectados puedan conseguir una indemnización superior a la “voluntaria”, de 15.000 euros, que les ofrece la naviera y que ellos rechazan por considerarla insuficiente por “una negligencia” que casi les cuesta la vida.