Jerez aplaza pagar a acreedores para saldar las nóminas de empleados

El Ayuntamiento de Jerez va a anular los acuerdos de pago firmados con acreedores municipales para saldar las nóminas de la plantilla municipal y tratar de garantizar la prestación de servicios públicos. Para conseguir liquidez y empezar a normalizar el colapso de tesorería que ha puesto desde hace meses buena parte de la ciudad patas arriba, la alcaldesa María José García Pelayo (PP), anunció ayer que el Consistorio recuperará la recaudación de los ingresos de los impuestos, desde 2008 cedida a la Diputación provincial, y contratará una entidad gestora -léase entidad bancaria- para que recepcione los impuestos y garantice al Ayuntamiento 6,5 millones de euros mensuales, el monto que necesita el gobierno para que la ciudad no sufra más sobresaltos.

La recaudación de impuestos en Jerez genera 74,8 millones de euros anuales. Los picos de ingresos se producen en junio y noviembre, coincidiendo con el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles. De ahí que sea clave para la estabilidad inmediata de los pagos básicos que la entidad escogida anticipe los fondos, a razón de 6,5 millones de euros mensuales.

Con esta cantidad, Pelayo pretende afrontar la totalidad de la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento y sus empresas, el pago parcial (según acuerdos de pago) a concesionarias que prestan servicios, pedanías, organizaciones sociales y sentencias judiciales. Sólo la nómina de la plantilla absorbe 4,5 millones, por lo que la regidora ya advierte que "no hay para pagar todo".

Los que soportan el nuevo modelo anunciado son los acreedores que hasta ahora cobraban las deudas por los acuerdos de pago sellados y avalados por la Diputación. "No significa que no vayamos a pagarles, sino que habrá que consensuar un nuevo calendario", señaló Pelayo. Si la ruta del gobierno marcha según lo anunciado, los miles de trabajadores cuyas nóminas dependen directa o indirectamente del Ayuntamiento podrán cobrar los atrasos "a finales de este mes".

Las medidas adoptadas por la alcaldesa popular tras nueve meses en el gobierno municipal ya habían sido propuestas por varios grupos de la oposición. Sin ir más lejos la semana pasada el portavoz de IU, Joaquín del Valle, exigió la ruptura unilateral de los acuerdos con acreedores (Urbaser y bancos) para repartir los escasos ingresos. Entonces la medida fue tildada de "ocurrencia" por el portavoz del gobierno local.

¿Por qué el gobierno local ha tardado este tiempo en aplazar los pagos a los proveedores? Según Pelayo, que obvia la posibilidad de romper los acuerdos de pago sin necesidad de rescatar la recaudación por la vía impositiva, "porque es en febrero cuando había que mandar a Diputación el padrón de la recaudación".

La comparecencia de la alcaldesa coincidió ayer con otro día negro para la ciudad. Las trabajadoras de ayuda a domicilio, en huelga desde hace 42 días por el impago de salarios, bloquearon el acceso de personal a las dependencias municipales de Bienestar Social; los agentes de la Policía Local se movilizaron por buena parte de la localidad vestidos de pedigüeños; los operarios de los autobuses urbanos, en huelga desde hace tres semanas, cortaron varias calles en una marcha por el centro y la arteria del municipio.

Mientras, las acampadas se trabajadores se repiten. Los trabajadores del cementerio llevan una semana durmiendo en el camposanto, decenas de empleadas de atención domiciliaria pernoctan frente al consistorio desde hace 16 días, efectivos policiales duermen frente a la jefatura, y la plantilla municipal secunda protestas diarias por los impagos del Ayuntamiento.