El 'pistolero de Olot' pide perdón a las familias de sus víctimas

"El destino ha querido que hoy se cumpla el aniversario de las muertes. Si los familiares de Pere Puig quieren verle, pueden hacerlo en la cárcel. A la familia de las víctimas solo les queda ir al cementerio". Así acababa el fiscal sus conclusiones finales en el juicio al pistolero de Olot. El ministerio público mantiene la solicitud de 80 años de cárcel para Puig, 20 por cada uno de los asesinatos cometidos el 15 de diciembre de 2010. El acusado, callado durante la mayor parte del juicio, ha hecho una rápida declaración: "Lo siento mucho y pido perdón a las familias". Su defensa ha reconocido los cuatro asesinatos y ha solicitado para él una pena de 30 años de cárcel, 50 menos que los que pide el fiscal. La abogada defensora ha solicitado al jurado popular que le rebaje la pena por haber confesado -se entregó a la policía y relató minuciosamente la secuencia de los crímenes- y por ejecutar los asesinatos en un estado de alteración mental.

"Un año después hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué lo hizo?", ha exclamado Carles Monguilod, uno de los abogados de la acusación particular. "Hasta una explicación ha negado el señor Puig a las familias". Puig mató a su jefe, al hijo de este y a dos empleados de banca. Para el fiscal, esta pregunta tiene una respuesta sencilla: "Pere Puig es un señor cruel y una mala persona que no tiene respeto alguno por la vida de los demás". El fiscal se ha basado en las declaraciones de los psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña para concluir que el acusado no tiene ninguna enfermedad ni trastorno mental y, por tanto, se le debe aplicar la pena máxima. Tampoco considera que se le pueda aligerar la pena por confesar sus crímenes, ya que cuando Puig se entregó al salir de la sucursal bancaria donde acababa de matar a dos personas, la policía ya le estaba buscando y le tenía identificado. Además, existen numerosos testigos y pruebas que le sitúan como autor de los crímenes.

La defensa, que hasta este momento solicitaba la absolución del acusado -una formalidad dado que Puig se ratificó en las declaraciones inculpatorias que hizo durante la instrucción- ha solicitado al jurado popular que tenga en cuenta que el pistolero no sabía que le estaban buscando cuando se entregó. Además, colaboró activamente durante la reconstrucción de los crímenes y no intentó huir. Nuria Masó, la abogada de la defensa, ha defendido que el pistolero "no es una persona normal", sino alguien "obsesionado" y que sufría un delirio en el momento de los hechos. La defensa arguye que Puig padece tres trastornos de la personalidad y que ello debería constituir un atenuante a la hora de dictar una condena. Solicita siete años y seis meses por cada uno de los asesinatos, frente a los 20 del fiscal.