Altos funcionarios del Estado y agujeros negros en la Administración

Frente a libros trufados de autojustificaciones de elegantísima petulancia y sobreactuada equidistancia —pienso en La justicia amenazada, de Manuel Marchena—, el periodista Rafael Méndez practica la humildad descriptiva y conjetural de quien ha empezado a aprender algo y sabe que le faltan dos tercios del océano por explorar. Pero en lugar de esperar pacientemente a la era postantropocena para publicar sus hallazgos prefiere hacer camino al andar, como el otro santo varón, y hablar cuanto antes “de lo que no se habla”, como dice literalmente. Pese a la evidente exageración del título, que toma prestado de un artículo de Xavier Vidal-Folch, Los dueños del Estado ofrece múltiples argumentos para que el rótulo no sea solo un eslogan de márketing editorial sino un lujo genuinamente democrático.

Hay un puñado de cuerpos de altos funcionarios que salen bisbiseados tantas veces en conversaciones que parecen pura mafia cuando en realidad son solo cargos a los que se accede por oposiciones de una enorme exigencia y una larguísima preparación (casi siempre a cargo de quienes ya las ganaron y a veces sin una clarísima gestión fiscal de los honorarios de los llamados preparadores). Son los abogados del Estado, los letrados de las Cortes o los letrados del Consejo de Estado: de ellos depende la viabilidad o el bloqueo o la enmienda de una multitud de proyectos legales a través de sus informes y sus tomas de posición siempre en centros neurálgicos de la Administración. Pero apenas existe información pública sobre sus modos de operar.

De eso va este libro: de meter el ojo no en una sino en varias de las cerraduras de los despachos más desconocidos de la alta función pública y con incidencia directa y a menudo multimillonaria en múltiples facetas de la vida civil española. El libro tiene la habilidad de fundir una suerte de memorias de trabajo de las últimas dos décadas con el relato circunstanciado de los descubrimientos a los que le ha ido llevando el oficio y la curiosidad, primero en EL PAÍS, después en El Confidencial de hace una década (lejos de la inconcusa desolación de El Confidencial de hoy) y por fin como redactor en Salvados. El resultado es una urdimbre sin alharacas ni amarillismo —deplora expresamente el consuetudinario periodismo declarativo— que nos acerca literalmente a saber “cómo funciona la Administración a esos niveles”.

Y sí, hay sorpresas, feas sorpresas y demasiadas zonas grises de colusión de intereses entre lo público y lo privado en quienes pueden haber defendido al Estado contra empresas, bancos o particulares… y a la vez, a la vez, digo, figurar en el entramado societario como asesores o técnicos de esas mismas empresas particulares.

¿Es legal? Casi siempre es legal por un sistema de compatibilidades que se otorga a algunos de esos cuerpos para que no se larguen corriendo a la empresa privada. A veces, la vía puede ser una excedencia (en 2022, el 39% del total de abogados del Estado la tenía) porque dentro de la carrera muchos de ellos no encuentran alicientes suficientes para prosperar. Se supone que son cabezas muy bien formadas y la retribución pública está por debajo de la privada, de modo que no es extraño que pasen muchos años defendiendo primero al Estado contra las empresas, después litigando contra el Estado desde empresas particulares para pasar después, cerca ya de la jubilación, a defender de nuevo al Estado contra las empresas que los tenían contratados hacía un cuarto de hora.

Los nombres de los abogados del Estado son poco conocidos: ese es parte de su poder, su fundamental anonimato público

El enredo no sé si tiene solución, pero el primer paso es enterarse, y a eso se dedica Méndez: a enterarnos con detalles vivos, humor resignado y militancia democrática de las contradicciones apuradísimas y a veces aberrantes de algunos de estos altos funcionarios y sus muy frecuentes apellidos pluscuamcompuestos (por ejemplo: Gómez-Acebo y Sáenz de Heredia). Algunos son de traca y merecen serie de Netflix, qué sé yo, el gran Enrique Arnaldo, pero ahí andan también Tomás González Cueto o Elisa de la Nuez. Lo mejor es que la lista de nombres que investiga nos dejaría a la mayoría fríos porque apenas son conocidos: ese es parte de su poder, su fundamental anonimato público.

Tampoco se libra de la inspección el gremio al que pertenece el propio autor y no calla algunos de los episodios vividos o conocidos al hilo de sus investigaciones: el relato sobre la gestión de Antonio Caño al frente de este periódico y la protección recibida de la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría a través de Telefónica está explicado sin remilgos y con gotas secas de sarcasmo negro (aunque es verdad que ya contó muchas cosas inequívocamente indiscretas Gregorio Marañón en sus memorias).

Ni puede ni quiere ser exhaustivo, pero el libro ofrece lo que hasta hoy no teníamos sobre las zonas grises legales, paralegales o directamente ilegales en que incurren altos funcionarios con un poder efectivo que ignoramos la inmensa mayoría de la población. Aquí incluso aprendemos por qué Florentino Pérez tiene siempre cerca (siempre es siempre) a un abogado del Estado (y 13 de las 35 empresas del Ibex tienen a uno como secretario del consejo). Duele este libro pero duele bien. Eso suele pasar cuando el periodismo hace su trabajo: contar “lo que hay detrás”, e instar así a pulir, mejorar, afinar los métodos de control de la actividad de los altos funcionarios.

Los dueños del Estado

Rafael Méndez
Península, 2026
264 páginas. 19,90 euros