Milei apura el desguace del sistema científico y busca controlar qué se puede investigar

La energía que alimenta a la motosierra de Javier Milei, con la que viene recortando y desguazando al Estado argentino, sufrirá una merma el próximo 8 de julio. Ese día vencen las atribuciones legislativas extraordinarias que le delegó el Congreso por un año y, desde entonces, ya no le será tan fácil aplicar reformas por decreto. Antes de que caduquen las facultades delegadas, el Ejecutivo ultra volvió a avanzar sobre el sistema de ciencia, uno de los sectores más afectados por el ajuste. Este viernes, el presidente decretó la reestructuración de un organismo clave para la selección y el financiamiento de proyectos científicos. Las autoridades de más de 340 institutos de ciencia del país respondieron declarándose “en estado de alerta” y llamaron a “frenar el cientificidio”.

El decreto 447/2025 apunta a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, un organismo estratégico que, desde la asunción de Milei, está prácticamente paralizado por falta de autoridades, de personal y de recursos.

Según anunció la Casa Rosada, la norma busca su reorganización para que cumpla “su verdadero objetivo: impulsar la innovación tecnológica en favor de las prioridades productivas del país”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó claro que eso implicará una pérdida de autonomía y que será el Gobierno el que defina qué se podrá investigar y qué no: “Ya no tendrán lugar proyectos de dudosa utilidad, como ‘Modalidades posthumanas de la subjetvidad y el ser-con-otrxs’. La ciencia tiene que estar al servicio del futuro”, planteó.

El decreto de Milei argumenta que la actual estructura de la Agencia es “compleja y excesivamente burocrática”. Por eso, reduce su conducción amplia de 11 personas a solo un presidente y dos directores, que serán designados por el Ejecutivo.

La Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), que representa a más de 340 instituciones, advirtió que el achicamiento de la dirección conllevará una pérdida de la pluralidad y el federalismo que aportaban directores de distintas procedencias académicas y geográficas, y que la verdadera finalidad de la medida es “vetar la incorporación de voces disonantes en la estructura directiva de un organismo vaciado, que ha reducido en más del 90% su financiamiento efectivo”.

Entre otras modificaciones, el decreto añade como uno de los principales propósitos de la Agencia el garantizar “la transferencia tecnológica al sector productivo”. El énfasis generó preocupación por su impacto en los proyectos teóricos o no directamente vinculados con la producción económica. “Esa visión deja afuera a muchísimos temas que son urgentes y relevantes para la sociedad argentina, pero que no dan un retorno económico inmediato”, señala Valeria Levi, investigadora y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).

Los cambios impulsados por Milei inician una segunda etapa de avance sobre el sistema científico, dirigida a las estructuras y formas de gobierno. La primera, desplegada durante los 19 meses que cumple su mandato, supuso un drástico ajuste. Las convocatorias a subsidios y a ingresos de investigadores quedaron clausuradas. La falta de actualización de los salarios frente a la inflación provocó una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% en comparación con fines de 2023.

Para las autoridades de los institutos de ciencia, el resultado de esas medidas es palmario: “Hoy asistimos a un éxodo masivo y creciente de investigadores jóvenes. Estamos perdiendo una generación de científicos”, indicaron en la declaración difundida este viernes. Los datos oficiales indican que ya se perdieron más de 4.000 empleos en el sistema y que se redujo en un tercio la cantidad de jóvenes que aspiran a ser investigadores.

Como parte de la segunda fase de reformas, y después de los cambios en la Agencia, el Ejecutivo dejó trascender que prepara nuevos decretos para transformar la gobernanza del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el organismo conformado por investigadores y becarios de todo el país. También, otros para reestructurar a los institutos de tecnología agropecuaria e industrial (INTA e INTI). La noticia mantiene en alerta a las organizaciones y los sindicatos que representan a los distintos actores del sistema de ciencia argentino. “Vamos a necesitar de todos/as para frenar el cientificidio en curso”, avisó la RAICYT.

Salud y educación ajustadas

Las políticas de ajuste impulsadas por Milei generan una tensión similar en los sistemas sanitario y educativo.

Con apoyo de gran parte de la oposición, rectores, profesores y estudiantes promueven en el Congreso una ley de financiamiento especial para las universidades públicas, otro de los sectores estatales profundamente afectados por el recorte de fondos. El presupuesto de las casas de estudios y los salarios de sus profesores cayeron cerca de un 30% bajo el Gobierno ultra. Con el proyecto de ley, se aspira a garantizar un piso mínimo de presupuesto.

En el sistema de salud, el mayor nivel de conflictividad se concentra en los médicos ingresantes en hospitales públicos nacionales, quienes completan su formación mientras realizan las llamadas residencias, una actividad clave para sostener la atención a los pacientes. Sus sueldos estuvieron congelados durante gran parte del último año y medio, y se despeñaron ante la inflación. El Gobierno intentó aplacar la crisis con un bono salarial, pero no lo consiguió. Las huelgas y protestas continúan, lideradas por los médicos del Hospital Garrahan, el mayor centro pediátrico del país y también el más respetado.

En ese contexto, el Ministerio de Salud jugó una segunda carta el miércoles pasado y anunció una reforma del sistema de residencias, basada en la eliminación de la actual relación laboral y su reemplazo por dos regímenes optativos de becas. Los médicos residentes del Garrahan ya adelantaron su rechazo y la continuidad del conflicto: “Con esta resolución dejamos de ser empleados públicos en relación de dependencia, aunque sigamos trabajando más de 80 horas semanales para garantizar el cuidado de la salud de las infancias. Estas son las opciones que nos dan: precarización o precarización”.

El próximo martes, la situación de emergencia del Garrahan y la ley de financiamiento universitario se debatirán en comisión en la Cámara de Diputados.