Detenido en Venezuela un ciudadano español que viajaba como tripulante de un buque panameño

Las autoridades venezolanas y fuentes consulares españolas han confirmado esta semana el arresto de un nuevo ciudadano español. No se ha informado sobre su identidad ni sobre las causas de su arresto. El detenido formaba parte de la tripulación de un buque de bandera panameña que fue interceptado en alta mar por soldados de la armada en aguas territoriales venezolanas.

Este es el tercer ciudadano español detenido en el país desde finales de 2024. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, naturales de Bilbao, fueron arrestados el día 14 de septiembre, acusados de estar involucrados en actos terroristas para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro. En total, hay 14 presos políticos con nacionalidad española en el país, aunque los otros 11 son hipanovenezolanos.

El propio Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, confirmó que este buque de bandera panameña había sido detenido a finales del mes de junio a 50 millas de la costa de Venezuela. Las autoridades militares locales alegaron que desconocen las verdaderas intenciones de este barco y su tripulación, y en virtud de ello, decidieron colocarlo “en custodia preventiva”. Se informó de que viajaban además dos ciudadanos de nacionalidad neerlandesa, un húngaro, un panameño, un indonesio y tres hondureños.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español también ha confirmado esta última detención en un comunicado emitido desde Madrid. “Las autoridades consulares españolas están haciendo las gestiones necesarias para recabar información de un ciudadano español detenido en Venezuela, que formaba parte de la tripulación de un barco con bandera de Panamá, con el objeto de poder prestarle la asistencia consular necesaria”.

Desde Exteriores se ha afirmado que tanto el Consultado General en Caracas como la Embajada de España en Panamá están siguiendo el caso desde el principio. En las fuentes diplomáticas españolas de Caracas hay un manifiesto hermetismo sobre el tema.

Las autoridades bolivarianas permanecen en un estado de alerta permanente, conocido como “furia bolivariana”, desde la celebración de las elecciones presidenciales del 29 de julio de 2024. Ese clima de máxima tensión es especialmente palpable en las zonas fronterizas, alcabalas o controles en la carretera y en los puestos de comandos policiales y militares en zonas rurales y urbanas del país. Los resultados anunciados de aquella votación, que otorgaron el triunfo a Nicolás Maduro sin aportar pruebas, causaron enardecidas protestas populares, fueron desconocidos por la oposición y cuestionados por parte importante de la comunidad internacional.

Hace muy poco, el ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, dijo que el aparato de Inteligencia del país está trabajando para desactivar un nuevo complot presuntamente organizado por sectores extremistas para atentar contra la tranquilidad de las elecciones municipales que se celebrarán a finales de este mes.

Cabello informó de que se han producido allanamientos en los Estados Zulia, Sucre, Táchira y Distrito Capital. El ministro aludió la captura de un investigador venezolano de la Universidad de los Andes, profesor de Química y técnico petrolero, en el Estado Mérida, cuya identidad no reveló, que presumiblemente iba a dar información al FBI -el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos- sobre la presencia de bases iraníes en Venezuela. Todo esto, según Cabello, “para darle consistencia al discurso de María Corina Machado y buscar que agredan a nuestro país”.

En los días previos a las elecciones parlamentarias y de gobernadores del pasado mes de mayo, también se registró una fuerte ola represiva por parte del oficialismo chavista, que tenía como argumento público el desmontaje de un plan subversivo en desarrollo, pensado para alterar la paz de la consulta. Setenta personas fueron detenidas en aquel entonces, y más de diez eran extranjeros.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, de los 895 presos políticos que hay en este momento en Venezuela, 72 son extranjeros o tienen nacionalidad de otros países. Algunos de ellos, según este organismo, “han podido comunicarse telefónicamente con sus familiares” en estos meses.