Las víctimas del Sodalicio en Perú exigen una audiencia con el papa León XIV

Hasta el año pasado, nadie presagiaba que el Sodalicio de Vida Cristiana, aquella organización ultracatólica fundada a inicios de los setenta por el laico peruano Luis Fernando Figari, sería suprimida. Más de uno había perdido la fe en la justicia que imparte la Iglesia con quienes la envilecen tomando su nombre. Pero en enero de 2024, el papa Francisco, tras conocer la violación sistemática en contra de los derechos humanos de decenas de personas, disolvió al Sodalicio en una de sus últimas grandes decisiones.

En una sala de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre una pequeña mesa con un cartel donde exigen justicia, diez víctimas del Sodalicio se han juntado por primera vez para que su voz se escuche más fuerte. Seis de ellos formaron parte de este grupo ultraconservador durante su adolescencia y parte de su juventud, y fueron abusados de manera física, psicológica, y sexual por sus líderes espirituales. Los otros cuatro son ciudadanos de San Juan Bautista de Catacaos, una comunidad campesina ubicada en la región Piura, que han denunciado haber sido despojados de sus tierras desde hace más de una década por organizaciones vinculadas al Sodalicio. Se trata de 10.000 hectáreas que les arrebataron con papeles fraudulentos, denuncias y acuerdos sombríos.

“Desde aquí, le pedimos al papa León XIV que nos dé una oportunidad para tener una entrevista con él, y así contarle el dolor del campesino. De cómo hemos sido atropellados…”, dice Marcelino Inga antes de que se le quiebre la voz. Alrededor de 200 familias han sido afectadas por la Asociación Civil San Juan Bautista, un ente fundado por el sacerdote José Antonio Eguren, miembro del Sodalicio, antes de ser nombrado arzobispo de Piura y Tumbes. En 2024, Francisco le solicitó su renuncia y Eguren se vio obligado a aceptar. Tenía 68 años, siete menos de lo que se exige para dimitir como obispo. Diversas fuentes han señalado que el papa León XIV, entonces prefecto del Dicasterio de los Obispos, fue determinante para su salida. Hecho que desató la inquina de las altas esferas sodálites.

En otro momento de la conferencia de prensa, tomó el micrófono Fiorella Martínez, la viuda de Guadalupe Zapata Sosa, un comunero que fue asesinado a balazos en el 2011 por proteger territorios ancestrales en Piura. Unos doscientos sujetos irrumpieron en el asentamiento humano Almirante Grau, en Piura, para desalojar a decenas de familias. “Mataron a mi esposo a los 26 años. El Sodalicio le arrebató la vida. Exijo reparación para mis dos hijos, que se deje de criminalizar a los comuneros de Catacaos y que podamos conocer en su integridad el decreto de supresión del Sodalicio”, señala la viuda.

Ni para los comuneros de Catacaos ni para los exsodálites sus historias de dolor se cierran con la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana. Por eso, su pedido conjunto del decreto de supresión. Desean saber cuáles fueron las conclusiones finales del informe de la misión Scicluna-Bertomeu que determinó su caída. A mediados de 2023, una misión papal aterrizó en Lima y durante una semana recogió testimonios del Sodalicio y sus víctimas. La integraron el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha enviado la petición por escrito al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y a Sor Simona Brambilla, la prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Pero todavía no han obtenido una respuesta. Por eso ahora exigen una audiencia con el papa León XIV, quien conoce los casos de cerca desde sus años como obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

“Es importante que con el papa León XIV lleguemos a lo que no se pudo con el papa Francisco: unir esfuerzos de la Iglesia Católica con la justicia civil y penal. Tenemos que individualizar las penas. No solo buscamos una reparación económica, porque puede ser revictimizante, sino una sanación completa. Suprimir el Sodalicio más que un acto de justicia fue de prevención. No más personas serán abusadas bajo el nombre del Sodalicio, pero tenemos que cuidar que esas personas que siguen libres puedan seguir haciendo daño”, remarca José Enrique Escardó, el primer periodista que denunció al Sodalicio a inicios de los años 2000. Una lucha solitaria e intermitente hasta que en el 2015 se publicó Mitad monjes, mitad soldados, de Pedro Salinas y Paola Ugaz que removió los cimientos de los ultraconservadores.

Escardó, a quien le costó admitir que también sufrió violencia sexual, contó que se reunió con el papa Francisco el 24 de enero y que aquellos “25 minutos donde se sintió escuchado” le permitieron volver a confiar un poco en la Iglesia. El líder de una red de sobrevivientes de abusos eclesiales ha expresado la necesidad de que las víctimas estén en el centro del proceso de disolución del Sodalicio. “El silencio es una estrategia del victimario. No es posible que no sepamos lo que está pasando. Es crucial la conformación de un concejo de sobrevivientes para acompañar la disolución y filtrar todo lo que sea en beneficio de las víctimas”, agregó.

El sacerdote Jordi Bertomeu fue designado por Francisco como el comisario pontificio que se encargará de la liquidación del Sodalicio. Esto comprende sus empresas y bienes. En abril, Bertomeu anunció que la Santa Sede llevará el caso a la justicia estadounidense, pues allí supuestamente se cometieron una suma de actos de corrupción. Martín Pérez del Solar, otra de las víctimas, recordó que en las casas de formación del Sodalicio lo hicieron dormir seis meses sobre maderas. “Hasta ahora me duele, tengo problemas para dormir. No es posible que nadie esté preso por todas las vidas que truncaron. El Estado peruano debe asumir su responsabilidad y también la Iglesia, que puede hacer la diferencia”, dijo. El mensaje final de las diez personas que este jueves fueron una sola voz en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue: “Solo hay dos bandos en esta búsqueda de la verdad: o estás con los agresores o con las víctimas”.