El agua debe integrarse a las grandes decisiones económicas de América Latina

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Cada año el mundo invierte billones de dólares en energía, transporte, vivienda o tecnología digital. Sin embargo, la brecha global de inversión en agua y saneamiento supera los 300.000 millones de dólares, según estimaciones del Banco Mundial y la OCDE. En un contexto de cambio climático, transición energética y aceleración tecnológica, ese desfase ya no es solo una cuestión social: se convierte en un riesgo económico.

El agua sostiene algunos de los sistemas productivos más críticos del siglo XXI. Sin agua no hay agricultura capaz de garantizar la seguridad alimentaria, no hay sistemas energéticos resilientes y tampoco funciona la infraestructura que sostiene la economía digital. Los centros de datos que permiten operar plataformas digitales e inteligencia artificial (IA), por ejemplo, dependen de grandes volúmenes de agua para su refrigeración.

Al mismo tiempo, el cambio climático está intensificando sequías prolongadas, inundaciones extremas y fenómenos de estrés hídrico, que ya afectan rendimientos agrícolas, precios internacionales y cadenas de suministro. En muchos países de la región, estos impactos son causantes de inflación, inestabilidad social e inseguridad alimentaria.

En América Latina, los shocks hidrológicos se traducen en tensiones macroeconómicas concretas. La bajante histórica del río Paraná (2020-2023) afectó la principal vía de exportación de alimentos de Argentina, mientras que las sequías en Brasil y Chile —como las de 2021 y 2022— redujeron la generación hidroeléctrica, obligando a recurrir a fuentes más costosas y menos sostenibles. En paralelo, eventos extremos impactan la infraestructura logística crítica y encarecen el comercio. Aunque afectan a todo el mundo, el impacto en la región es más notorio.

Sí, es un asunto global: basta pensar en la Dana de 2024 en España o la bajante histórica del río Colorado en Estados Unidos. Pero en economías con menor margen fiscal, como las latinoamericanas, estos episodios tienden a ser más persistentes. Y la recurrencia de sequías e inundaciones no solo afecta la producción: también presiona las cuentas públicas, amplifica la volatilidad económica y agrava restricciones financieras.

Estas tensiones cobran además una dimensión que no puede ignorarse: según informes del Banco Mundial y JMP (Joint Monitoring Programme), hay en toda la región 145 millones de personas sin acceso a agua potable, 323 millones sin saneamiento seguro y 150 millones viviendo en áreas con escasez hídrica. Son cifras que condicionan tanto la equidad social como la productividad y el desarrollo.

Durante décadas, la respuesta a este cuadro fue un modelo de cooperación internacional diseñado para otro contexto histórico: ayuda fragmentada, proyectos sectoriales y decisiones que a menudo quedaban desconectadas de las dinámicas económicas reales. Ese modelo cumplió un papel importante, pero hoy resulta insuficiente frente a la escala del problema.

Lo que está cambiando es que algunas de las innovaciones más interesantes están surgiendo precisamente en los países donde el desafío es más urgente. Por ejemplo, durante los Diálogos Regionales del Agua en Santiago de Chile (en octubre de 2025), tres organizaciones, CEPAL, CAF y GWP, presentaron en conjunto una iniciativa que planea movilizar al menos 20.000 millones de dólares en infraestructura hídrica resiliente al clima para 2030.

Detrás de esta asociación de entidades se inaugura una nueva etapa de colaboración e inversión en América Latina y el Caribe, no solo desde la movilización de recursos, sino también desde el punto de vista técnico, político y operativo. La brecha de financiamiento en la región se estima en 37.000 millones de dólares anuales, y según estos organismos, las inversiones deberían multiplicarse entre tres y cinco veces para alcanzar la meta seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): agua limpia y saneamiento. La ratificación del programa en el Foro Económico de América Latina organizado por CAF en Panamá, en enero de este año, es una señal inequívoca de que el agua empieza a tratarse como lo que es: una variable macroeconómica, no un tema sectorial.

Esto exige, en consecuencia, una gestión que ya no puede tratarse de forma aislada: necesita integrarse con las políticas climáticas, industriales, energéticas, financieras y territoriales. Los países y ciudades que avanzan en esta dirección son los que conectan su política hídrica con su estrategia económica y productiva, y los que estarán mejor posicionados en la economía global que viene.

Las condiciones para dar ese salto ya comenzaron a generarse y el año 2026 puede marcar un punto de inflexión. La reforma de los bancos de desarrollo, la expansión del financiamiento climático y la redefinición de la cooperación internacional están ocurriendo en un momento en el que el agua empieza a ocupar un lugar central en la seguridad económica de los países. Si durante décadas el debate se concentró en cómo movilizar ayuda para cerrar brechas de infraestructura, hoy el desafío es más ambicioso: integrar el agua en el corazón de las decisiones económicas, productivas y tecnológicas.

En el actual contexto geopolítico, el viejo paradigma de la ayuda está dando paso a algo distinto. Será una arquitectura global más inteligente, conectada con la economía real, con mayor protagonismo del sector privado y con foco en la innovación. No se trata del fin de la cooperación internacional. Puede ser, en realidad, el comienzo de su etapa más madura.