El intrincado camino de Uruguay para garantizar el abastecimiento de agua potable

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La sequía de 2023 produjo una de las imágenes más impactantes de la crisis hídrica de Uruguay: el embalse de Paso Severino, en el centro-sur del país, prácticamente vacío. La falta de lluvias provocó que la cuenca de Santa Lucía, única fuente de agua dulce para la región metropolitana de Montevideo, se secara. El Gobierno se vio obligado a abastecer a 1,7 millones de personas con una mezcla de agua dulce y salada durante 70 días.

Uruguay ha luchado contra la sequía desde 2018, con más del 60% del país afectado entre 2022 y 2023, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Los sucesivos Gobiernos han tomado diferentes estrategias sobre qué hacer. El anterior presidente del país, Luis Lacalle Pou (2020-2025) propuso el Proyecto Neptuno, una planta de toma de agua que se construiría en el estuario del Río de la Plata. El actual presidente, Yamandú Orsi, sin embargo, lo descartó desde que asumió el cargo en marzo del año pasado. En su lugar, su administración ha reactivado antiguos planes para construir una represa en Casupá, en el departamento central de Florida.

El plan tiene el potencial de resolver los problemas hídricos de Uruguay, pero los agricultores afirman que se les ha dejado de lado en cuanto a los detalles de la necesaria expropiación de 96 granjas. Mientras tanto, otros dicen que el avance de la represa ha sido demasiado lento.

La represa de Casupá

Casupá se encuentra en el este de Florida, cerca de las fronteras del departamento con Lavalleja al este y Canelones al sur, y a unos 90 kilómetros al norte de la región metropolitana de Montevideo. La ciudad está situada entre valles, cordilleras y humedales, y su nombre significa “al borde de la selva grande” en guaraní, una lengua indígena de América del Sur.

El proyecto de la represa se remonta a la década de 1960 y resurgió en 2019, cuando la crisis del agua puso de manifiesto la necesidad de garantizar el suministro. En 2017 se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental y, en octubre de 2025, el Gobierno recibió un préstamo de 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar tanto la actualización de este estudio como la eventual construcción de la represa. Desde entonces, se han presentado ofertas para el proyecto y está previsto que la construcción comience a principios de 2027 y finalice a mediados de 2029.

Mientras tanto, Uruguay vive otro verano de suministro de agua incierto. Los actuales meses de verano se han caracterizado por unas precipitaciones inferiores o cercanas a lo normal en gran parte del país y unas temperaturas más altas de lo habitual. Según Inumet, esto se debe al fenómeno de La Niña. El 30 de diciembre, Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Uruguay activó medidas en previsión de la sequía, entre ellas la preparación de infraestructuras de emergencia y el anuncio de directrices para la conservación del agua.

El meteorólogo Nubel Cisneros explica que la escasez de agua será significativa durante enero y febrero. Predice que las precipitaciones de este verano estarán entre un 40% y un 60% por debajo de la media.

Impactos ambientales

La represa de Casupá puede ser una posible solución a largo plazo, pero tendrá varios impactos. Según un informe encargado por la OSE, se talarán unas 426 hectáreas de bosque autóctono y 787 hectáreas de pastizales naturales. En los diversos documentos que componen la evaluación de impacto ambiental de la represa, se considera que los hábitats de un total de 26 especies incluidas en las listas de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se verán afectadas. Entre ellas se encuentran aves como la viudita blanca grande (Heteroxolmis dominicana), la lagartija manchada (Stenocercus azureus) y mamíferos como la marmosa (Cryptonanus cf. chacoensis).

Leticia Peralta trabaja con su familia para cuidar unas 1.000 cabezas de ganado dentro de la zona del embalse propuesto para la represa, lo que supondría la inundación del 40% de sus tierras de cultivo. Las cámaras trampa de Peralta han registrado parte de la fauna local: “Es muy importante mantener intactos sus hábitats y ecosistemas porque si se trasladan allí es porque todo está en equilibrio”.

El proyecto presentado por OSE incluye un programa de rescate de fauna silvestre que trasladaría las especies de baja movilidad a áreas de conservación cercanas. Se instalaría una zona de amortiguación de aproximadamente 800 hectáreas alrededor del embalse, con la intención de compensar la pérdida de bosques y pastizales nativos, mediante la restauración de ecosistemas y corredores biológicos.

Pero el estado actual de la cuenca de Santa Lucía también es motivo de preocupación. La evaluación de impacto ambiental de la represa reconoce los niveles excesivos de fósforo de la cuenca, causados por la contaminación forestal y agrícola que se filtra en estas aguas. La evaluación prevé que el embalse de la presa también podría contener altos niveles de fósforo, lo que facilitaría la proliferación de algas y comprometería la idoneidad del agua para el consumo humano. Al igual que con la represa existente de Paso Severino, esta agua tendría que ser tratada antes de ser distribuida.

María Selva Ortiz, de la ONG Red de Amigos de la Tierra (REDES-AT Uruguay), recuerda el año 2013, cuando se produjo una fuga de cianobacterias en la planta de tratamiento Aguas Corrientes y toda el área metropolitana de Montevideo recibió agua del grifo con mal sabor y olor.

José Langone, biólogo jubilado que trabajó para la OSE durante 35 años, advierte que la represa de Casupá podría tardar más de lo previsto en convertirse en un proveedor clave de agua potable. Describe, por ejemplo, las 10.000 hectáreas de eucaliptos situadas al norte de la represa que competirían por esta agua.

El papel de las comunidades

El área que quedará permanentemente inundada por el embalse de Casupá abarca 2.126 hectáreas que se elevan a 3.935 hectáreas si se incluye la zona de amortiguamiento, que se llenaría de agua cuando los niveles son altos. Este proyecto requerirá la expropiación total o parcial de 46 granjas.

“No sabemos quiénes ni cuántos serán expropiados”, explica Carlos Sarrosa, ingeniero agrónomo y ganadero, a Dialogue Earth y América Futura. “No hicieron ningún estudio social ni económico, y lo anunciaron como un eslogan de campaña política”. Sarrosa afirma que aún no ha recibido información oficial clara, a pesar de que tres de sus granjas, unas 300 hectáreas, serán inundadas.

Peralta está de acuerdo: “La información sigue siendo la misma. No saben cómo, cuándo ni quién se encargará del proyecto, ni cómo ayudarán a los afectados o cómo mitigarán el daño ambiental, social o agrícola”. El ministro de Medio Ambiente, Edgardo Ortuño, visitó la zona en septiembre y octubre, y aseguró a las 80 familias afectadas que el proyecto seguiría adelante.

Luis Oliva, alcalde de Casupá, reconoce que la iniciativa está causando disputas entre los agricultores y los 2.300 habitantes del pueblo, “donde hay pocas fuentes de empleo”. Él espera que la población aumente en un 50% durante la construcción, lo que podría generar un crecimiento inmobiliario, un aumento de la demanda de alquileres, oportunidades turísticas y mejoras en las carreteras y la infraestructura. Sin embargo, tras haber defendido el proyecto, ahora admite tener reservas desde que se enteró de los posibles daños que podrían causar las expropiaciones de tierras necesarias.

Los agricultores de la zona afirman que OSE ha admitido no disponer de mediciones in situ de los terrenos donde se construirá la represa, aunque algunos estudios topográficos se han realizado utilizando mediciones con drones y satélites.

Además, se conoce que ocho empresas uruguayas y ocho extranjeras han presentado ofertas para el proyecto. Entre estas se encuentran China International Water & Electric Corporation, Sinohydro Corporation y un consorcio compuesto por CCCC Water Resources and Hydropower Construction, Yellow River Engineering Consulting y la empresa uruguaya Impacto Construcciones.

“Tanto el Ministerio de Ambiente como OSE se negaron a responder a las preguntas de Dialogue Earth y América Futura. Antes de asumir el cargo en el Ministerio de Ambiente, Ortuño fue director de OSE durante el anterior Gobierno de Uruguay. En una entrevista con Dialogue Earth en ese momento, Ortuño sugirió que el proyecto Neptuno se estaba acelerando por motivos electorales, y destacó la necesidad de crear consenso para los nuevos proyectos de infraestructura."

En su página web, el Ministerio de Ambiente reconoce la necesidad de actualizar el estudio de impacto ambiental de Casupá.

Alternativas

El geólogo Marcel Achkar, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), cree que es necesario descentralizar el sistema de agua utilizando fuentes locales, cursos de agua más pequeños y aguas subterráneas. También propone reducir las pérdidas de “agua no facturada” —la que se pierde debido a fallos en la distribución—, que en Uruguay se sitúa en torno al 50%. Esta cifra está muy por encima de la media regional, que se sitúa entre el 30% y el 35%. Para Achkar, la restauración de la cuenca de Santa Lucía es crucial: “Es una carrera contra el tiempo. Aún es posible recuperar su calidad ambiental”.

Cuando era intendente de Canelones, el propio presidente Orsi advirtió del deterioro de la cuenca en 2023, incluyendo la denuncia de vertidos industriales. Según Ortiz, la mayor parte de la contaminación de la zona proviene de la actividad agrícola.

Langone, el biólogo que trabajó para la OSE, señala que “solo el 7% de la cuenca no ha sido afectada por los seres humanos, y solo el 2% es monte nativo”. Durante su mandato en la OSE, se construyó una planta de tratamiento de agua en Aguas Corrientes, pero ahora, afirma, debería construirse otra en Juan Lacaze (en el departamento de Colonia), lo que podría reducir los problemas de salinidad del agua. Ortiz añade que una de las ventajas de la nueva represa sería la posibilidad de mantener el suministro de agua de forma más fiable en tiempos de crisis.

A los críticos de la represa también les frustra la falta de avances. “Estamos en la misma situación que durante aquella sequía extrema”, afirmó Langone, refiriéndose al desastre histórico de 2023. También señaló que no se ha implementado ningún plan para reparar las tuberías de Montevideo, responsables de gran parte de las pérdidas de agua.

Miguel de França Doria, del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la Unesco, afirma que Uruguay debe cambiar su relación general con el agua. Dice que el país necesita promover la resiliencia, limitar el uso del agua potable al consumo humano y animal, aprovechar los acuíferos y mejorar la eficiencia. Reconoce que la represa propuesta podría formar parte de esa estrategia. “Necesitamos una nueva cultura del agua, porque nuestras sociedades se desarrollaron en un mundo que ya no existe”, concluye.