Justicia para Juan es justicia para el medio ambiente

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Hace un año, en Tocoa, al norte de Honduras, el ambientalista Juan López fue asesinado a balazos frente a sus familiares, amigos y vecinos, al salir de un servicio religioso. El presunto autor del disparo y dos presuntos cómplices, ya formalmente acusados, se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio. Sin embargo, quienes puedan haber ordenado su asesinato no han rendido cuentas aún. Desde entonces, su familia, compañeras y compañeros de lucha han iniciado una batalla legal para obtener justicia, verdad y reparación.

El asesinato de Juan, como el de Berta Cáceres casi diez años antes, ha dejado un enorme vacío en el liderazgo de la defensa del medio ambiente en Honduras. Por su rol comunitario de promoción de la ecología y el medio ambiente en la Iglesia católica, el propio Papa Francisco lamentó en su entonces la muerte de Juan.

Honduras encabeza en la última década la lista de asesinatos per cápita de ambientalistas en todo el planeta, según los informes de Global Witness. Además de la violencia letal, las y los defensores del medio ambiente suelen enfrentar amenazas, acoso, detenciones arbitrarias, e incluso desaparición forzada. Todo ello en un clima de impunidad.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se comprometió desde el inicio de su mandato a proteger el medio ambiente y a las personas que lo defienden. Sin embargo, a pocos meses de terminar su Gobierno, observamos con preocupación el incumplimiento reiterado de sus compromisos en materia de derechos humanos.

Sobre el derecho a un medio ambiente sano, por un lado, el Congreso aprobó en 2024 un decreto que tiene como objetivo proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras defendido por Juan López y su comunidad –aún pendiente de implementarse; por otro, promovió una polémica iniciativa de ley para agilizar los procesos de concesión de licencias ambientales para algunos proyectos. Además, la mandataria aún no ha firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, y que, entre otras cuestiones, incluye disposiciones específicas para la protección de las y los ambientalistas.

El asesinato de Juan López expone con crudeza estas contradicciones. El crimen ocurrió en Tocoa, en el Valle del Aguán, una región rica en biodiversidad y entre las más conflictivas del país. A pesar de que Juan contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades hondureñas no garantizaron su protección. El Sistema Nacional de Protección, responsable de su seguridad, ha sido duramente cuestionado por organizaciones locales e internaciones debido a su ineficacia.

La violencia en el Aguán tiene raíces profundas. A lo largo del siglo XX y XXI, empresas bananeras, palmeras y mineras se han disputado sus tierras, con el aval de las autoridades, debilitando la protección de los bienes comunes. Recuentos no oficiales dan cuenta de cerca de 200 desapariciones y asesinatos desde 2009 en la región. Para abordar esta grave situación, en febrero de 2022, organizaciones campesinas firmaron un acuerdo con el Gobierno hondureño que incluye la creación de una comisión tripartita para investigar las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, tres años después, no se han producido avances significativos. Por otro lado, en 2023, tres personas vinculadas al Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos que lideraba Juan fueron asesinadas y, hasta ahora, no ha habido justicia en estos casos. Otras personas se han visto obligadas a salir de la región ante la violencia.

Juan llegó de niño al Bajo Aguán con su familia buscando trabajar la tierra. Allí fue donde conoció la situación que las comunidades campesinas enfrentaban y empezó a involucrarse en la defensa de sus derechos. Años más tarde, en 2015, él y otros compañeros de fe y activismo, preocupados por los problemas de la comunidad, en particular el agua, fundaron el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

La movilización de las comunidades de Tocoa surgió en reacción a una serie de decisiones de las autoridades hondureñas. En 2012, el Congreso declaró lo que hoy es el Parque Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía como nacional para que quedara protegido de los efectos de las industrias pesadas, incluida la minería. Sin embargo, un año después, el mismo Congreso decidió ampliar la zona de amortiguamiento del Parque Nacional y, por lo tanto, disminuir el tamaño del área más protegida. Esto abrió la puerta para que el Gobierno otorgara permisos de explotación minera en esta zona. Así, entre 2014 y 2015, autoridades hondureñas otorgaron concesiones de exploración y explotación a una empresa minera. Desde entonces, Juan y el Comité se organizaron pacíficamente para defender el Parque Nacional, cuestionando la legalidad de las concesiones mineras y denunciando que afecta a la calidad de las aguas de los ríos Guapinol y San Pedro.

Los ataques contra Juan y el Comité no se hicieron esperar tras las movilizaciones: campañas de desprestigio, amenazas, juicios. Varios, incluido Juan, fueron encarcelados injustamente. Amnistía Internacional nombró a ocho defensores del Comité presos de conciencia en 2021; permanecieron más de dos años en la cárcel solamente por defender el medio ambiente de manera pacífica.

El asesinato de Juan no es un hecho aislado. Es un síntoma de un patrón sistemático de violencia y negligencia institucional que debe terminar. En plena emergencia climática global, no puede ser que proteger el planeta cueste la vida.

El próximo 30 de noviembre, Honduras celebrará elecciones presidenciales. Es momento de exigir que la protección del medio ambiente y de quienes lo defienden sea un eje prioritario en las agendas políticas. Que haya justicia para Juan es una deuda con su esposa y sus dos hijas, su comunidad y con nuestro planeta.