Canaima, un patrimonio mundial amenazado entre la minería y el turismo descontrolado

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

En avioneta sobre Canaima, quizás se pueda ver que a escasos 20 kilómetros del icónico Salto Ángel, en el Auyantepuy, la caída continua de agua más alta del mundo ubicada en los sitios naturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hay una mina ilegal a las orillas del río Carrao. Las selfies de turistas que se multiplican en redes sociales con la imponente cascada de fondo, que logran hacerse quienes llegan cada año al sitio, solo recogen la belleza excepcional de este parque nacional ubicado al sur de Venezuela, pero también son una señal de alarma sobre la conservación de este sitio.

A principios de julio, en la última sesión del Comité de Patrimonio de la Unesco, celebrada en París, World Heritage Watch expuso su informe sobre el estado de conservación del Parque Nacional Canaima, que entró en la lista de patrimonios mundiales de la Unesco en 1994 y podría pasar a otra, la de sitios en peligro, si el Estado venezolano no atiende la crisis por la proliferación de la minería ilegal —que se ha vuelto un grave problema ambiental desde la implementación en 2016 de la zona estratégica de extracción del Arco Minero del Orinoco— y el turismo exacerbado que excede las capacidades del lugar.

“En el parque hay más de 1500 hectáreas afectadas por la minería que hemos georreferenciado al metro”, denuncia la antropóloga social Cristina Burelli, fundadora de la ONG SOS Orinoco, que trabaja con la alemana World Heritage Watch en el monitoreo ambiental de este patrimonio. “El borde suroeste del parque está absolutamente minado”, agrega.

La organización ha documentado con ayuda de las imágenes de satélites la expansión de la degradación ambiental que trae la minería. Hace 25 años esta práctica afectaba solo 122 hectáreas. Actualmente, con la fiebre del oro, son más de 1.582 hectáreas, un crecimiento de más del 1.300%, especialmente en lo que llaman la zona de amortiguamiento, una franja no legal de protección de 10 kilómetros medida fuera los límites oficiales. En el último informe presentado en julio en la Unesco, se reportan 129 emplazamientos mineros dentro del parque, sin contar las balsas mineras de dragado, que son difíciles de detectar, advierten los investigadores.

“Una nueva mina particularmente preocupante ha sido detectada cerca de Troncal 10, en dirección a Paraitepui, sector Gran Sabana, donde la minería no había sido reportada previamente. En la zona de amortiguamiento, hay 24 nuevas explotaciones mineras, adyacentes al límite suroeste en la cuenca del río Caroní. Siguen el patrón de pequeña y mediana minería característico del eje Santa Elena-Icabarú, variando en tamaño entre 0,4 y 29 hectáreas, impactando principalmente cursos de agua y pantanos de palma moriche”, detalla el informe

En la reunión en París, la Unesco dio respuesta al último informe presentado por el Gobierno de Nicolás Maduro a finales de 2024, que alega que 99,97% del área protegida está libre de la minería “con potencial de generar impactos ambientales”, como han denunciado los últimos años ambientalistas y otros órganos de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. “Los límites de la propiedad no se superponen con los del Arco Minero, situados aproximadamente a 5 kilómetros al noroeste y a 1 kilómetro de los límites nororientales, lo que se considera un amortiguador suficiente para proteger el estado de conservación de los bienes”, señaló Venezuela en el documento.

La amenaza de un turismo sin control

El informe oficial también reporta que se ha aumentado el pie de guardaparques ante el incremento del turismo, que se calculó en 20.000 visitantes para 2023. Para SOS Orinoco, esta es una nueva amenaza que desencadena otras, como la introducción de especies foráneas en un lugar que forma parte del ecosistema del escudo guayanés, de los más antiguos del planeta. “Canaima fue declarado patrimonio no por el Salto Ángel, sino por ser uno de los sitios más biodiversos del planeta, basado en el concepto de irremplazabilidad de una zona, lo que te da una medida de su singularidad”, señala Burelli. “Hay más de 170.000 áreas protegidas en el mundo y de los 10 sitios más irremplazables del planeta, dos están en Venezuela: las formaciones tepuyes y el Parque Nacional Canaima, también como sitio de Patrimonio Mundial. Se tratan de islas biológicas y son sumamente delicadas”.

Estos lugares también atraen a turistas con alto poder adquisitivo. Y en los últimos años se han llegado a celebrar cumpleaños y bodas en la cima de los tepuyes. SOS Orinoco reporta que hay cuatro vuelos semanales a la Laguna de Canaima, que aumentan a tres diarios en temporada alta. La zona cuenta con una capacidad de alojamiento de 850 camas, mientras que los operadores turísticos se han multiplicado. Además, refiere el informe de la ONG presentado en la Unesco, helicópteros privados realizan hasta ocho vuelos diarios sobre el Salto Ángel y el Auyantepui, incluidos aterrizajes en la cumbre. Esta última actividad plantea riesgos ecológicos, incluida la introducción de especies invasoras. Otra preocupación creciente es el número cada vez mayor de turistas que escalan el Auyantepui, cuyo impacto medioambiental sigue sin evaluarse.

El Roraima es otro de los sitios que más preocupación genera. En las últimas temporadas de ascenso, se han reportado hasta 120 personas en la cima, un número muy elevado para un lugar con especies endémicas de gran fragilidad que pudieran ser afectadas por otras traídas, por ejemplo, en las botas de los escaladores. Ha pasado con el hongo responsable de la declinación mundial de los anfibios que ha sido detectado por investigadores en sapos que solo viven en ese tepuy. Por eso, la Unesco “pide una estrategia de gestión turística e informar sobre actuaciones para prevenir, detectar y responder a la presencia de especies invasoras que pueden propagarse mediante el aumento del turismo”. El Estado venezolano debe entregar antes del 1 de febrero de 2026 un nuevo informe detallado de la situación.

Desde 2022, se está esperando la reprogramación de la visita de la Misión de Monitoreo Reactiva, integrada por la Unesco y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para evaluar el estado del patrimonio de Canaima. Estaba prevista para el 22 de septiembre de ese año y fue suspendida por Venezuela, alegando que no había condiciones. Luego, el país ha insistido en que la visita en campo de esta misión podría considerarse una vez que se cumplan las condiciones adecuadas, “teniendo en cuenta la seguridad y la soberanía” y subrayando que esta no evaluaría actividades ubicadas fuera de la propiedad, como reitera en el informe entregado en diciembre de 2024. Ante ello, la Unesco lamentó este mes en París que la misión de Monitoreo Reactivo inicialmente prevista para 2022 “haya sido pospuesta y que no se ha recibido ninguna invitación renovada”. La última vez que esta misión evaluó el estado del parque fue en mayo de 1999.