La agricultura contra el bolígrafo

Al inicio de la carrera de Economía, se aprenden los desafíos de la agricultura derivados de la topografía colombiana y del trópico:

1) Alta incidencia de plagas y enfermedades, ya que el clima cálido y húmedo favorece la proliferación de insectos, hongos, bacterias y virus, como la broca del café, la sigatoka negra, el gusano cogollero y la mosca de la fruta, entre otros.

2) Las malezas de crecimiento acelerado compiten con los cultivos por nutrientes, agua y luz, y requieren control.

3) La materia orgánica se degrada rápidamente por las altas temperaturas, lo que disminuye su fertilidad y requiere mayor reposición de nutrientes.

4) Desafíos topográficos en laderas y montañas dificultan la mecanización y aumentan los costos de mano de obra; incrementan la erosión del suelo y limitan el uso de sistemas de riego eficientes.

5) Los suelos tropicales, especialmente en la Orinoquía, presentan acidez y baja fertilidad, con alta saturación de aluminio y baja disponibilidad de nutrientes, lo que requiere una fertilización costosa.

6) Las lluvias abundantes arrastran nutrientes del suelo y fuerzan aplicaciones frecuentes de fertilizantes.

7) Pisos térmicos variados en cortas distancias sirven para diversificar, pero requieren conocimiento específico y adaptación.

8) Recientemente, el cambio climático y fenómenos como El Niño y La Niña generan sequías e inundaciones que afectan los cultivos. La variabilidad climática es cada vez más notoria e impredecible.

A esos desafíos medioambientales se suman otros históricos, económicos y jurídicos. A saber,

9) Muchos pequeños productores carecen de títulos de propiedad, lo que limita su acceso a crédito y apoyos.

10) La propiedad está concentrada en pocas manos, muchas veces improductivas.

11) Las vías terciarias y rurales en mal estado encarecen el transporte y aíslan a muchas comunidades agrícolas, lo que reduce la competitividad.

12) Los productos agrícolas enfrentan una alta volatilidad de precios y tienen poca capacidad de negociación frente a los intermediarios.

13) Con la cocaína, muchos municipios sufren el “conflicto armado” (luchas entre bandas). Los campesinos no saben si podrán conservar a sus hijos o si los criminales los “reclutarán”, término con el que se justifica ese tipo de secuestro.

Una lista tan abrumadora de desafíos convierte a los agricultores en héroes y mártires que enfrentan los mayores riesgos de la economía, superan dificultades logísticas considerables y peligros brutales para su vida y familia, además de fluctuaciones de precios impredecibles. Uno pensaría que las autoridades estarían de su lado en lugar de complicarles aún más la vida.

No obstante, desde los noventa del siglo pasado, unos burócratas han usado el bolígrafo para sumar engorrosos desafíos regulatorios. La Ley 160/1994 creó la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como “la empresa básica de producción agrícola, pecuaria o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo”. La Ley 388/1997 creó las “Áreas de Especial Interés” para el ordenamiento territorial. Recientemente, la Ley 2294/2023 incluyó el derecho humano a la alimentación y declaró las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) con el supuesto fin de proteger ese derecho.

Un lenguaje rimbombante justifica regulaciones invasivas y rígidas para limitar lo que cientos de miles de familias agricultoras y campesinas, así como empresarios del campo, pueden hacer en sus terrenos. Tienen un enfoque bogotano, socialista y centralizador. Un nuevo gobierno debe eliminar esas tres regulaciones.

Unos funcionarios en el Ministerio de Agricultura creen saber más que los agricultores sobre lo que sucede y lo que debe suceder en las condiciones específicas de tiempo, modo y lugar de sus parcelas y fincas.

Dentro del enfoque de las APPA, los municipios y departamentos deben ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para incorporar estas áreas y restringir usos del suelo que no sean compatibles con la producción agrícola, ganadera, forestal, etc.

El Ministerio de Agricultura debe enterarse de que en el territorio no solo se llevan a cabo actividades agropecuarias, sino también muchas otras, como comercio, hotelería, educación y salud, infraestructura de transporte, almacenamiento y logística, minería, producción manufacturera, recreación, entre otras. Todas son esenciales para el funcionamiento de la agricultura y del país en su conjunto. La seguridad alimentaria depende de que las familias, sean agricultoras o no, puedan aumentar sus ingresos, lo cual requiere la participación de esos sectores.

Según la FAO, los ingresos rurales no agrícolas son cercanos al 40%, porque la producción agrícola es insuficiente para el hogar; la agricultura es arriesgada y los hogares diversifican; los insumos agrícolas son caros y, sin crédito, necesitan recursos propios en efectivo para pagarlos.

Con respecto a qué producir, debe ser el valor percibido por los agricultores, y no un burócrata en Bogotá, lo que guíe esas decisiones en sus tierras y fincas en cada momento. Esa es la clave de la libertad económica. Con supuestas buenas intenciones, quieren socializar el campo.

El actual gobierno busca imponer sus APPA centralizadoras y socialistas en el sur de La Guajira. En San Juan del César, Fonseca, Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita y Barrancas han identificado cerca de 80.000 hectáreas para uso agropecuario.

En la Sabana de Bogotá se ha identificado a Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, como preámbulo a la declaratoria de una APPA. En el Suroeste Antioqueño se han identificado 23 municipios para un APPA, incluidos Jericó y Támesis.

Donde sí se ha declarado es en el norte del Tolima, en los municipios de Villahermosa, Fresno, Falan, Palocabildo, Casabianca, Murillo, Líbano y Herveo. Sus alcaldes se oponen a la aplicación de esa APPA.

Un burócrata, estrenando bolígrafo, busca definir cada cinco o diez años temas que cambian con cada estación, con la fluctuación de los precios, el estado del tiempo, la tecnología y los costos de logística. No tiene sentido sumar este estrés regulatorio a nuestros ya emproblemados agricultores. Apoyo a los alcaldes del norte del Tolima, que luchan por la libertad económica en Colombia.