La Corte Penal juzga al primer acusado de destruir patrimonio cultural

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha calificado de crimen de guerra la destrucción de bienes culturales, y este martes, el maliense Achmad al Mahdi al Faqi, alias Abu Turab, afronta la confirmación del cargo de haber ordenado, en 2012, la demolición de tumbas sagradas, y de la mezquita de Sidi Yahya, del siglo XV, en Tombuctú (Malí). Presunto miembro de un tribunal islamista asociado al grupo terrorista Ansar Din, Al Mahdi es de la etnia tuareg y fue entregado a la Corte en 2015 por el Gobierno de la vecina Níger. Tras la vista preliminar, los jueces deben fijar la fecha de apertura del juicio.

De 40 años, el acusado afirma ser graduado en magisterio y funcionario del Ministerio de Educación en la propia Tombuctú. El grupo extremista al que pertenecía había luchado en Libia a las órdenes de Gadafi, y portaba armas allí obtenidas. En el año 2013, escapó a Níger, y a pesar de que fue extraditado por el Gobierno vecino, su expediente pertenece al caso de Malí, uno de los 10 países investigados oficialmente por la fiscalía de la CPI. Fatou Bensouda, su jefa, ha decidido considerar un crimen de guerra la destrucción del patrimonio cultural porque borrar la memoria y herencia colectivas equivale a anular a las personas. “Es un asalto a la dignidad e identidad; a las raíces históricas y religiosas”, ha dicho. Al Mahdi es, además, el primer miembro de un grupo armado islamista que comparece ante la Corte.

Los monumentos arrasados pertenecían al sufismo, una de las denominaciones del aspecto místico del islam. Para Ansar Din, vinculado a Al Qaeda y representante del fundamentalismo islámico, eran lugares blasfemos. La versión de la sharía (ley islámica) que pretendían imponer en todo Malí, convertido en una teocracia estricta, solo admite la invocación de Mahoma, el profeta. Nunca la de un ser humano cualquiera. Tombuctú, también llamada “la ciudad de los 333 santos”, era uno de sus principales objetivos porque conserva numerosas tumbas y mausoleos consagrados a figuras del sufismo. Hecha sobre todo de barro, y amenazada por la desertización, demolerlos resultaba a su vez muy fácil.

Hasta la fecha, los causantes del derribo de estatuas o la voladura de restos de ciudades milenarias han escapado a la justicia internacional. Hay ejemplos muy cercanos, como las ruinas romanas de Palmira, a manos de los yihadistas del Estado Islámico (ISIS), en Siria. O bien los Budas de Bamiyán, en Afganistán, por culpa de los talibanes. La pérdida, en 1993, del Puente Viejo (siglo XVI) de la ciudad bosnia de Móstar, sí figuró en el pliego de cargos presentado contra el comandante croata Slobodan Praljak, por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). Pero no de forma especial, como sucede ahora con Al Mahdi. La UNESCO, que había denominado patrimonio de la humanidad los monumentos asaltados en Malí, ha colaborado en su reconstrucción. Otro tanto hizo con el puente de Móstar.