Preocupación por Polonia

El expediente abierto por la Comisión Europea a Polonia a raíz de la injerencia del Gobierno en el poder judicial y de la nueva regulación de los medios de comunicación constituye una seria advertencia a Varsovia —y a otros Gobiernos europeos que puedan estar tentados de seguir la misma senda— de que la pertenencia a la Unión Europea garantiza una serie de derechos, pero implica obligaciones. Y la garantía del sistema democrático de cada Estado se encuentra a la cabeza de todas ellas.

El Gobierno conservador polaco, vencedor en las últimas elecciones, ha realizado una serie de maniobras para controlar al Tribunal Constitucional más propias de otros regímenes que de un Estado de pleno derecho de la UE. El proyecto europeo consagra la división de poderes y la independencia del poder judicial. Su funcionamiento y la renovación de sus cargos no pueden quedar al albur de la voluntad del Gobierno de turno. Y, a estas alturas, debería ser innecesario recordar qué imagen se ofrece cuando un jefe de Estado de un país miembro de la UE se niega a cumplir una sentencia de su propio Constitucional, que ha declarado ilegal la renovación ordenada por el Gobierno.

El otro punto que señala Bruselas, con razón, es la política del nuevo Gobierno polaco respecto a los medios de comunicación. La nueva Ley de Medios —que, entre otras cosas, pone en manos del Ministerio de Hacienda los nombramientos en los medios públicos que hasta ahora estaban a cargo de una comisión independiente— sigue el esquema de primeros pasos de procedimientos totalitarios. Para colmo, el Gobierno maneja la situación de la peor manera: en lugar de rectificar, agita las sombras del pasado y desliza que todo es fruto de una campaña extranjera —léase alemana— contra el país.

Polonia es una gran nación europea indispensable en el proyecto común; sus gobernantes tienen que estar a la altura.