La agencia de los líos

La Agencia Tributaria debería ser un pilar institucional básico en una democracia. Pues bien, su gestión, manifiestamente mejorable y en algún caso escandalosa —recuérdese el episodio de la filtración de un informe sobre la deuda fiscal del PP a un medio antes que al propio juez que pidió el dictamen—, causa motivos de inquietud a los contribuyentes y alienta los temores de una manipulación continuada en un organismo que tiene que ser, por encima de todo, independiente.

A mediados de junio se supo que el director del Servicio Jurídico de la Agencia, Juan Miguel Herrero de Egaña, fichaba por la firma privada Deloitte Abogados. Una información de esta naturaleza hubiera causado en Reino Unido, Francia o Alemania un cierto alboroto; como mínimo se habría exigido la presencia del director de la Agencia en el Parlamento para explicar —si tiene explicación— cómo es que el responsable jurídico de una institución pública, con información sensible sobre expedientes, prácticas y debilidades tributarias de la propia Agencia y de los contribuyentes, puede pasar en plazo de horas a poner tales conocimientos al servicio de una firma encargada de aliviar la presión fiscal de sus clientes.

Ahora acaba de conocerse que en la Agencia está extendida la práctica de los ascensos de libre designación —un recurso utilizado también durante las etapas de Solbes y Salgado— de los inspectores fiscales. La designación a dedo convierte a los inspectores en sujetos de premios y castigos decididos por sus superiores políticos.