El Constitucional anula por unanimidad la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir

Nuevo varapalo para la Junta de Andalucía. Esta vez, del Tribunal Constitucional, que ha admitido parcialmente el recurso presentado por la Junta de Extremadura y ha anulado el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz que se arrogaba la gestión exclusiva del río Guadalquivir. El presidente del Gobierno autónomo, José Antonio Griñán, ha dicho en una corta comparecencia que hay margen en la legalidad para mantener la transferencia e informado de una próxima reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta sentencia allana el camino a otro recurso de Extremadura que aún está pendiente, esta vez contra el Estatuto de Castilla y León, que contemplaba medidas similares al andaluz con respecto del río Duero.

El Estatuto de Andalucía fue aprobado por el Parlamento autónomo en mayo de 2006 con los votos favorables del PSOE y de IU. En noviembre de ese mismo año fue el Congreso de los Diputados quien le dio luz verde. Finalmente, en febrero de 2007 un referéndum cerró el proceso.

El acuerdo para la transferencia de la cuenca fue firmado en 2007 por la entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el ya exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

La Junta buscaba así disponer de las competencias exclusivas sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren por su territorio, en respuesta a una de las disposiciones contempladas en el artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El Estado se reservaba las competencias de planificación general e inversión. Mientras que la Junta asumía el resto: usos y concesiones de agua; infraestructuras hidráulicas, además del control del dominio público hidráulico. También se hacía cargo de 849 empleados públicos.

Los embalses se repartían entre las dos administraciones. La Junta gestionaba 53 embalses, y otros cuatro, ubicados o con afecciones a otras comunidades autónomas, seguían gestionados por el Estado.

El coste efectivo de la transferencia ascendía a 123 millones de euros, incluidos los 52 millones que reportan los ingresos por tasas y cánones, además de la gestión de unos 500 millones de los fondos europeos

La asunción de las competencias sobre el Guadalquivir por Andalucía fue recurrida por la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional.