El juez cita como imputado a Sean Connery por un delito urbanístico en Marbella

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, ha citado para el próximo día 15 al Sean Connery y a su esposa, Micheline, para declarar como imputados en el llamado caso Goldfinger, una trama urbanística vinculada a los terrenos donde se asentaba la antigua residencia marbellí del actor escocés.

Según publica el diario Sur en su edición de hoy, fue el propio Connery quien se puso en contacto con el juzgado marbellí a través de la embajada británica en Madrid con la intención de conocer los detalles de la investigación que le afectan. Junto a la cédula de citación para el viernes de la semana próxima, enviada tanto por correo internacional a las Bahamas como por vía diplomática, el magistrado Puyol ha enviado al matrimonio Connery un resumen del objeto de las actuaciones traducido al inglés. En su providencia, el juez advierte al actor y a su esposa de que tienen la obligación de comparecer, y les recuerda que en caso de no asistir "podrán utilizarse todos los medios previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles a ello". Esto es, si no acuden a la cita, el magistrado podría ordenar su detención.

En una resolución anterior, del pasado junio, el juez instructor fijó para el matrimonio Connery una fianza de 3,3 millones de euros. Este dinero serviría para hacer frente a posibles responsabilidades civiles derivadas de la construcción de 72 apartamentos de lujo en la antigua finca Malibú, propiedad de los Connery, donde el plan urbanístico vigente en Marbella solo permitía levantar cinco chalets.

El caso Goldfinger hay una veintena de imputados, entre ellos el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. La venta de los inmuebles de Malibú reportó unos beneficios de 53 millones de euros, según la investigación. Parte de este dinero de origen ilícito, se reintrodujo en el circuito legal a través de un entramado societario supuestamente concebido por el despacho de abogados Díaz Bastién y Truán. En este bufete se hallaron documentos de sociedades vinculadas a los Connery.