Málaga renegocia a la baja sus principales convenios urbanísticos

Después de cumplir su parte y haber introducido en el planeamiento urbanístico las calificaciones de suelo y las características y condiciones de desarrollo conveniadas con los propietarios, el Ayuntamiento de Málaga se encuentra con que son las promotoras quienes no están en condiciones de pagar las cantidades económicas pactadas. El Consistorio que preside Francisco de la Torre (PP) mantiene negociaciones con sociedades inmobiliarias para renegociar los tres convenios urbanísticos de mayor alcance de los 12 incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por los que debía ingresar 165 millones de euros y que están relacionados con la transformación en residencial de tres espacios que tenían uso industrial: los terrenos de la antigua central térmica, de los depósitos de Repsol y la fábrica de teléfonos de Martiricos.

El municipio no ingresó ni un euro de los 151 millones previstos para 2011

Las expectativas del mercado inmobiliario y de la actividad económica en general son hoy por hoy muy distintas a las que eran en los años 2007 y 2008, cuando se firmaron los convenios, y aunque el nuevo planeamiento de la ciudad, en vigor desde el pasado mes de septiembre, ya permite ejecutar los proyectos objeto de los convenios, ahora mismo no resultan viables.

El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, asegura que en los tres casos las promotoras mantienen el interés en seguir con los proyectos y que ninguna pretende retirarlos, pero que sí plantean unos calendarios para acometerlos distintos a los previstos inicialmente.

Según Maldonado, lo que se trata de negociar es la posibilidad de aplazar los pagos, pero nunca una rebaja de las cantidades fijadas. No obstante, el responsable político de Urbanismo reconoce que en las conversaciones "se ponen sobre la mesa muchas otras cosas".

Por la discreción de las negociaciones, Maldonado no quiso facilitar más datos a la oposición, que inquirió sobre el asunto en el último pleno municipal. Se trata, según el delegado, de "llegar a fórmulas viables, con sentido común, que no perjudiquen a la ciudad y evitar que los asuntos tengan que llegar a los tribunales".

El Ayuntamiento rechazó en septiembre pasado la solicitud de resolución del convenio urbanístico sobre la térmica que presentó Endesa y su filial inmobiliaria Marina Real Estate. La compañía eléctrica adujo que el nuevo deslinde del dominio marítimo-terrestre realizado por el Estado en los terrenos del nuevo paseo marítimo de Poniente afecta al suelo de la antigua central térmica, de forma que ya no se puede ejecutar el proyecto de desarrollo residencial contemplado. El Consistorio se amparó en informes jurídicos que sostienen lo contrario para rechazar la solicitud y está pendiente de que la Administración de Costas se pronuncie.

Maldonado admite que en este caso "sí parece tener sentido plantear una rebaja de las cantidades". Endesa debía entregar al Ayuntamiento 58 millones de euros por la recalificación de los suelos de la antigua central térmica, donde según el convenio se podrán construir varios edificios con 773 viviendas, comercios, oficinas y un hotel. El acuerdo fue firmado en agosto de 2008, dos días antes de la aprobación provisional del PGOU. El proyecto, dada su ubicación en el cierre del nuevo paseo marítimo, tiene un tratamiento muy específico en el plan. Consiste en una serie de edificios singulares de gran altura y una plaza abierta al mar que se denomina Nueva Acera de la Marina, que se pretende convertir en el principal centro de atracción de servicios en la zona Oeste.

Otro de los convenios en proceso de renegociación es el que permitirá la transformación de los terrenos que ocupaban los antiguos depósitos de Repsol. En esta parcela se proyecta la construcción del edificio más alto de la ciudad, con 160 metros de altura y 40 plantas y un conjunto con otros cuatro edificios de 17 plantas, que en total acogerán más de 1.300 viviendas. Sin embargo, el rascacielos deberá recortar su altura para no interferir en el tráfico aéreo. El convenio urbanístico suponía multiplicar por tres la edificabilidad de estos suelos. A cambio de la recalificación, la promotora, Daeca Comárex, se comprometió a abonar nada menos que 84 millones de euros, el convenio más cuantioso con diferencia firmado en Málaga.

El tercer convenio en revisión es el que da vía libre a la construcción de dos edificios de 30 plantas sobre los terrenos de la antigua fábrica de Citesa en Martiricos, por el que el Ayuntamiento debe ingresar 23 millones de euros.

La imposibilidad de cobrar el dinero pactado por los convenios urbanísticos mantiene al Ayuntamiento de Málaga en una comprometida situación financiera. El presupuesto municipal ha caído a niveles de hace ocho años y apenas queda más proyecto de inversión que el bulevar sobre las vías del tren soterradas. Las obras de la primera fase de esta actuación, iniciadas en estos días, están presupuestadas en 12 millones de euros, que el Consistorio dice tener ya disponibles. El Ayuntamiento contempló en los presupuestos de 2011, año de la aprobación definitiva del PGOU, ingresar 151 millones de euros de los convenios urbanísticos, que finalmente se quedaron en nada. Para 2012 solo contemplan 23 millones.