El TSJ añade las escuchas de Brugal al contencioso de Rabassa

Las escuchas de la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU) en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz van a llegar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) antes de lo previsto, aunque por una vía alternativa. La sala del alto tribunal que instruye el recurso contra la aprobación del Plan Rabassa ha admitido incorporar como prueba las escuchas.

Esas grabaciones incluyen una serie de conversaciones que revelan presiones del promotor Ortiz a técnicos municipales para acelerar los trámites del polémico plan e incluso diálogos directos entre el empresario y el exalcalde, y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi en el mismo sentido. El programa urbanístico adjudicado a Ortiz prevé 13.500 casas en la periferia norte de Alicante y fue aprobado al margen del PGOU.

Una de las conversaciones, grabada el 25 de junio de 2008, entre Ortiz y Alperi transcurre así:

Luis Díaz Alperi. Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo, por Dios.

Enrique Ortiz. Estamos detrás, están todos los informes pendientes de la firma del director general de Madrid y he quedado con Chema Pajín [José María Pajín, padre de de Leire Pajín], a ver si hace una gestión, pendiente de que lo firme y me lo mande y se acabó.

Alperi, Castedo e Ikea

El informe policial del caso Brugal recoge también otras gestiones de Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, que afectan al plan Rabassa, en concreto la posibilidad de instalar en la zona la tienda de Ikea. "En este sentido, tanto el exalcalde de Alicante como la actual alcaldesa habrían realizado un viaje a Oporto para mantener una reunión con representantes de la multinacional [Ikea] e intentar lograr que finalmente el centro se construya en Alicante más concretamente en terrenos propiedad del señor", dice el informe. La reunión, según el informe, se celebró a finales de 2008.

La petición para añadir esta prueba a la causa la realizó uno de los cuatro demandantes, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), según ha señalado Manuel Alcaraz, uno de los portavoces de la plataforma. Los recursos al plan Rabassa (sancionado por el Consell en la primavera de 2009) los presentaron la PIC, el PSPV, EU y el Gobierno. Inicialmente, el TSJ suspendió cautelarmente el programa, pero levantó el veto en octubre de 2010.