Guerra en Caja Madrid

Ningún momento es bueno para que un Gobierno interfiera por razones espurias en las decisiones de una entidad financiera. Pero éste es, si cabe, el más inconveniente de todos. La imperiosa necesidad de que los poderes públicos infundan confianza en una situación económica como la actual no ha sido obstáculo, sin embargo, para que la Comunidad de Madrid amagara con elevar a rango de ley autonómica los problemas personales de Esperanza Aguirre con el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Y, en último extremo, con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Blesa contó con el respaldo de Aguirre en su última elección, pero ahora las cosas han cambiado hasta el punto de que la presidenta intenta impedir su continuidad al frente de la entidad. El consejero autonómico de Hacienda y Economía, Antonio Beteta, anunció una inminente reforma legal ad hoc que afectaría al proceso electoral que Blesa y sus apoyos en la Caja -sindicatos y afines a Gallardón- se proponen abrir el próximo lunes. Finalmente, la reforma se ha aplazado, pero el enfrentamiento entre la entidad y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre continúa, y no es previsible que remita.

El caso de Caja Madrid es sólo un ejemplo de las contradicciones que esconden algunos discursos supuestamente liberales de Esperanza Aguirre. Sus soflamas a favor de la autorregulación de los mercados y el adelgazamiento de las instituciones, en línea con el pensamiento económico que está en el origen de la actual crisis financiera, no parece ser de aplicación para el Gobierno que dirige, y que aspira a colocar Caja Madrid bajo sus instrucciones.

El nombramiento y el cese de los directivos de las cajas corresponde formalmente a su Consejo de Administración, pero la Comunidad de Madrid nunca ha ocultado su voluntad de control. Un control, por lo demás, que atiende más a criterios de afinidad política que profesionales y de gestión, haciendo de Caja Madrid -lo mismo, por cierto, que de los medios de comunicación de titularidad autonómica- un instrumento para crear redes de influencia en torno a Aguirre. Se trata de una mala práctica que algunas autonomías, y de manera singular la Comunidad de Madrid, han renunciado a corregir al descubrir su utilidad para garantizar la permanencia en el poder.

La actuación del Gobierno de Aguirre está resultando el compendio de lo que un Ejecutivo no debería hacer en ninguna circunstancia. Menos en las actuales, con las amenazas que pesan sobre las cajas. Bastantes problemas plantean la falta de liquidez y la devaluación de los activos relacionados con el ladrillo, dibujando un posible horizonte de fusiones, como para que, además, estas entidades se conviertan en un campo de batalla política. Los ciudadanos necesitan hoy más que nunca el mensaje de que sus ahorros están en manos de gestores profesionales, no a merced de los caprichos o las necesidades clientelares de ningún Gobierno.