El alcalde de Pontevedra, condenado a 6 años de inhabilitación por presionar a los jueces

El alcalde de Pontevedra, José Rivas Fontán, ha sido condenado a seis años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos de un delito de atentado a la independencia judicial. La sentencia, dictada por la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, condena igualmente, y por el mismo delito, a tres de los integrantes de la comisión de gobierno en la anterior corporación, mientras absuelve a otro ex concejal y al entonces secretario general del Ayuntamiento.

La sentencia, que será notificada oficialmente hoy y a la que ha tenido acceso EL PAIS, afirma que los cuatro condenados intentaron, por medio de una nota pública, "ejercer presión sobre el ánimo de jueces y magistrados".Esa nota afirmaba que el procesamiento del alcalde, a raíz de la tramitación de una licencia, impedía a la comisión de gobierno despachar nuevas licencias urbanísticas. La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

El alcalde de Pontevedra se negó ayer a hacer declaraciones, alegando desconocer los fundamentos de la sentencia. Tampoco hubo reacciones por parte de los restantes condenados, los concejales Edelmiro Manuel Barreiro Gómez y Germán de la Iglesia Faustino, 3, el ex concejal Aurelio Cortizo del Campo. La sentencia absuelve, por otra parte, al también ex concejal Isidro Lago Quinteiro y al entonces secretario general del Ayuntamiento, Julio Dapena Outomuro, procesados en la misma causa.

La condena del alcalde de Pontevedra coincide con la petición del fiscal. La acusación particular había solicitado para José Rivas un total de 12 años de inhabilitación especial, mientras que la defensa solicitaba la libre absolución.

La historia comenzó el 31 de marzo de 1986 al ser procesado el alcalde por un presunto delito de prevaricación en la tramitación de una licencia urbanística correspondiente al edificio Las Palmeras. Dos días después, la comisión de José Rivas Fontán, gobierno elaboró una nota titulada "La comisión de gobierno no despacha nuevas licencias de construcción. El procesamiento del alcalde crea un clima de inseguridad personal entre los miembros de la comisión de Urbanismo".

Explicaba esa nota, difundida el 3 de abril de 1986, que Ios criterios de equidad, igualdad y uniformidad que se venían aplicando en los supuestos conflictivos en orden a una mejor ordenación de la ciudad, parece no garantizan la seguridad de los miembros de la comisión de gobierno, por lo que se ruega a las asociaciones de constructores y promotores que comprendan este cambio de criterio". En la nota se anunciaba la decisión de no despachar nuevas licencias urbanísticas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra subraya el hecho de que esta nota apareció el mismo día de la presentación del recurso de apelación contra el referido procesamiento del alcalde e indica que se aprovechó la circunstancia para "en lenguaje coloquial, echar al pueblo contra el juez, atribuyendo a una decisión judicial pendiente de recurso, las consecuencias derivadas de una paralización de la construcción con incremento de paro en el sector, actuación ésta que atenta contra la independencia del Poder Judicial".

Ejercer una presión

Añade la sentencia que la nota difundida por la comisión de gobierno manifiesta la voluntad de sus redactores de "ejercer una presión sobre el ánimo de jueces y magistrados que habían de conocer de los recursos interpuestos contra el auto de procesamiento del alcalde".Al producirse los hechos motivo de la sentencia, José Rivas Fontán era alcalde de Pontevedra por Alianza Popular.

Había accedido por vez primera a la alcaldía en 1979 encabezando la lista de la desaparecida Unión de Centro Democrático. Actualmente, cumple como alcalde su tercer mandato tras resultar ganadora la candidatura de Independientes de Galicia, que él encabezaba.